Política

Auditorías de primer año de alcaldes y último de Yunes, con especial atención: Orfis

enero 20, 2019

El primer año de los actuales presidentes municipales y el último de la administración yunista serán auditados y se pondrá especial atención en que se justifique con la información suficiente el destino y aplicación de los bienes o servicios contratados y pagados, pues de lo contrario se determinará como presunto daño patrimonial, al igual que los pagos sin comprobar o la simulación de reintegros.

El titular del Órgano de Fiscalización Superior (Orfis), Antonio Portilla Vázquez, indicó que la elaboración del informe de la Cuenta Pública 2018 se basará en las Reglas Técnicas de Auditoría Pública para el Procedimiento de Fiscalización Superior.

Detalló que por un lado se determinarán observaciones administrativas con señalamientos que denotan una deficiencia administrativa por error, omisión o negligencia, pero que no causa perjuicio a la hacienda pública, pudiendo indicar, en caso de ser susceptible de cuantificarse, un monto de referencia.

Añadió que por otra parte se establecerán observaciones de presunto daño patrimonial donde se presuma el posible perjuicio o daño a la hacienda pública.

Explicó que se considerará un presunto daño patrimonial cuando exista una disminución, perjuicio o pérdida de los recursos públicos y que ésta sea identificable, cuantificable y comprobable, e igualmente el incumplimiento de la normatividad aplicable a los recursos públicos ejercidos; es decir, que estos no se hayan aplicado a los fines y objetivos a los que estaban destinados. También cuando falte la documentación comprobatoria, que ampare o acredite la salida del recurso público.

De igual forma cuando los recursos públicos determinados como presunto daño, se hayan tramitado para pago, pagado, o identificado durante el periodo sujeto a revisión y/o ejercicios anteriores, específicamente en aquellos conceptos presuntamente irregulares.

Advirtió que también se pondrá atención cuando el ente fiscalizable sea omiso o falsifique información financiera, contable, presupuestal o programática.

Así como cuando el servidor público del ente fiscalizable ordene, autorice o realice el reintegro de recursos públicos a las cuentas bancarias, con la finalidad de resarcir el patrimonio público o solventar las observaciones que hayan sido determinadas, y posteriormente los asigne o desvíe nuevamente a un fin distinto para el que originalmente estaban reservados o destinados por disposición de ley.