Política

Tlahuelilpan

enero 20, 2019

La decisión del gobierno federal de combatir la corrupción en todos los niveles tiene diversos aspectos que deben ser considerados. Uno, es que la virulenta reacción de quienes toman decisiones en el crimen organizado. Frente a ello y sus impactos en la vida cotidiana de la ciudadanía y la vida económica del país, es de notarse el decidido respaldo dado por la ciudadanía a la decisión gubernamental. Así lo muestran varias encuestas publicadas en muy diversos medios a lo largo y ancho del país. Esto, pese a los impactos habidos no tanto por recortes en el suministro de combustibles sino porque ha revelado la sorprendente cantidad de gasolinas y otros combustibles robados que se comercializan en el mercado negro por los propios concesionarios de Pemex. La escasez no es de combustibles legales, sino ilegales robados al Estado y vendidos por distribuidores legales. Falta por deslindar cuántos y en qué cantidades estos concesionarios de gasolineras vendían producto robado deliberadamente como forma de maximizar sus ganancias, y cuántos de éstos lo hacían bajo la amenaza del crimen organizado.

Sobre esa base hay un segundo estrato de consideraciones sobre la muy extendida ola de críticas al gobierno, aprovechada e intensificada en diversos medios que reclaman al gobierno falta de planeación a la hora de decidir enfrentar el problema con decisión. El desarrollo de los acontecimientos hasta ahora vistos era esperable. Es una decisión de Estado que tiene consecuencias y parte muy importante de los que involuntariamente encajan esas consecuencias es la ciudadanía. Cuando las decisiones públicas afectan la normalidad cotidiana, las reacciones suelen ser así, aunque es claro que tal campaña crítica también ha sido aprovechada y alentada precisamente por intereses opuestos al gobierno federal.

Pero la tragedia aterradora en el estado de Hidalgo trae consigo la obligación de preguntar en qué sociedad nos hemos convertido.

¿Qué es lo que pasa cuando un grupo numeroso de personas pone su vida en el borde de la muerte sólo por obtener el dudoso beneficio de hacerse de un bien gratuito, aún a costa de su propio interés o incluso su vida? ¿Qué es lo que pasa cuando un peligro mortal evidente y absurdo puede ser obviado de forma tan absoluta por un grupo grande de personas al mismo tiempo? ¿Cuando se hace una fiesta de carcajadas y risas empapado en la volatilidad flamable de un derrame mayúsculo de gasolina? ¿Es euforia colectiva o histeria colectiva?

Es cretino juzgar actitudes justo en medio de la catástrofe y el dolor. Sea por la muerte pendeja de un ser amado atrapado en el fuego, sea por tener el cuerpo desecado en quemaduras de tercer grado.

De los sucesos de Tlahuelilpan, si hay responsables, son los perpetradores de las políticas que han desmantelado al Estado mexicano desde hace más de 30 años. Los que han sometido al país a la pesadilla de una guerra irregular de cientos de miles de muertos y desaparecidos; son los que han depauperado a grandes masas y las han condenado al desempleo, la economía informal o el crimen. Organizado o no.

Son los que han hecho lo necesario para dejar como letra muerta los contenidos constitucionales que garantizan el derecho a una vida digna ganada con base en un salario remunerador, una educación gratuita de calidad y que han envilecido a la sociedad a punta de escenas macabras, entre cabezas decapitadas rodando por pisos de discotecas para semiadolescentes semivírgenes y empleados de salarios medios. El daño de 12 años de guerra y decisiones depredadoras sobre una población ávida por algún tipo de compensación, cualquier compensación, después de verse a sí misma agredida por gobiernos y autoridades hostiles ha reclamado nuevos sacrificios.

Ha sido también la primera vez en años en la que las autoridades muestran altura de Estado.