Política

Guardia Nacional, falso problema

enero 19, 2019

Durante cinco sexenios el país se ha vivido en un régimen de complicidades determinadas por el interés privado con careta de interés público. Esto ha sido la base de un saqueo histórico del que, aunque se sospechara con bastante proximidad, apenas empiezan a asomar indicios reales, y de dimensiones pantagruélicas. Pemex es el caso paradigmático. Veracruz, entre desapariciones, asesinatos de mujeres, robos oficiosos, violencias patológicas y una corrupción de dimensiones oceánicas, la ciudadanía la ha pasado bastante mal. Las mujeres han sido factor sustantivo en paliar y compensar desde la sociedad las malformaciones y ausencias gubernamentales en los últimos ocho años. Es por patronas, solecitos y un importante resto de organizaciones no gubernamentales de buscadores de desaparecidos que las dinámicas de entropía social no se han hecho más grandes y graves.

Durante ocho años la corrupción ha sido la moneda imprescindible de intercambios y gestiones para conseguir lo que tienen en teoría garantizado por derecho: justicia.

Se revela ahora que, en el colmo de la ambición cretina, funcionarios de la administración anterior utilizaban su poder para hacerse de plazas laborales en las instituciones que encabezaban. Servidores públicos del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se asignaron varias decenas de plazas de primer nivel, en una suerte de –habrá que entenderlo así– compensación de marcha. Todo en los últimos días de la administración.

El país fue tomado por asalto por un tipo de gobernante interesado en enriquecerse a costa del dinero y bienestar públicos. Que es el caso de Pemex y el robo de combustibles. Delitos que no son nuevos, sino que tienen más de 12 años de pleno funcionamiento.

Se critica al gobierno federal por las consecuencias de sus acciones contra delitos que atentan contra la sanidad misma del Estado y el bienestar y perspectivas de progreso de los gobernados. Es el caso de la Guardia Nacional. A contrapelo de su aprobación hay serias resistencias, y es de esperarse que reste aún un largo camino que recorrer. Quienes se oponen insisten en que equivale a una militarización de la seguridad pública, cosa que es imprecisa, aunque es claro que hay aspectos que, en efecto, pueden interpretarse así.

La discusión no ha ventilado aún dos cuestiones sustantivas: casi la mitad del territorio nacional tiene la presencia de una organización criminal más la presencia de varios grupos que compiten por la hegemonía y en contra del Estado.

Todas las policías civiles, estatales y municipales se han mostrado incapaces, permeables al crimen e insuficientes. Calderón y EPN desalentaron su reforma por privilegiar al Ejército como solución. Los gobiernos locales, todos, dejan al gobierno nacional lidiar con el asunto. La Policía Federal es insuficiente toda vez que sólo cuenta con 25 mil cuadros. Un policía por casi cada mil habitantes. En diez años la PF sólo reclutó poco más de 500 nuevos policías.

La suma entre Ejército y PF es la única forma de reclutar y capacitar el número de elementos necesarios para organizar un cuerpo civil capaz de vérselas con la crisis eficazmente.

Por lo pronto, las fuerzas y mandos civiles son incapaces de sustituir a las fuerzas armadas en el campo. Parece obvio que se precisa un paso de transición entre uno y otro modelo, y la Guardia Nacional parece ser un modelo que lo permita.

Lo sustantivo, por lo pronto, no es tanto sacar a las fuerzas armadas de las tareas de seguridad pública, sino desmilitarizar las decisiones de política de seguridad pública.