Política

Diseño de políticas y expectativas

enero 17, 2019

Ayer, la nota principal de la edición de La Jornada Veracruz daba cuenta del reclamo de la sociedad civil al gobierno actual por el hecho de que los varios proyectos extractivos mineros a cielo abierto siguen funcionando. Al margen de que se en su momento se den a conocer los pormenores de los contratos de concesión otorgados y echados funcionar en los gobiernos pasados, debe aceptarse que parte muy importante de los argumentos por lo que la sociedad votó por Morena son, precisamente, las expectativas de terminar con la depredación de ésos y otros proyectos igualmente desaconsejables por sus impactos. Tanto medioambientales como sociales. Si bien son concesiones otorgadas por la Federación, la sociedad civil veracruzana se ha opuesto a ellos con argumentos suficientes desde hace años. El propio alcalde de la capital del estado tiene una definición e identificación previas en la militancia de protección medioambiental. Y la anti sistémica Morena está simbióticamente vinculada a esas luchas.

La coyuntura, ya se ha dicho, es excepcional para avanzar de forma determinante en la corrección de tales problemas y también de adelantar en acciones que tienen la triple dimensión de empezar a corregir problemas gravísimos como el uso de los plásticos. Varias ciudades del país –y del mundo– han tomado iniciativas que desincentivan e incluso prohíben su uso. Hacerlo así tiene un doble impacto; por un lado inician en la corrección de un problema que ya ha puesto en peligro la viabilidad de las especies, incluyendo la humana, y por otro es una espléndida plataforma educacional y de convocatoria para involucrar –empoderar, dicen ahora– a la sociedad civil en la solución de problemas que, al mismo tiempo crean sociedades colaborativas y capital humano.

Puede suponerse que la cantidad de problemas a enfrentar son muchos y mayúsculos, si nos atenemos a las condiciones en que las tóxicas administraciones anteriores dejaron al estado. Economía en recesión, violencia exacerbada, pobreza multiplicada, desempleo y un largo etcétera de problemas igualmente imbricados que dificultan la acción gubernamental.

Pero tanto el gobierno estatal como los gobiernos municipales y la mayoría parlamentaria, no deben pretextar la urgencia de lo social y lo económico para anteponerlo a lo ambiental. No sólo por razones de una crisis inocultable, sino porque en sí mismas son una convocatoria e instrumento de legitimación adicional a la dada en las urnas.

Que el gobierno estatal, el Congreso y los gobiernos locales emprendan ya iniciativas para, por ejemplo, reducir e incluso prohibir el uso de plásticos y unicel en el comercio y la exhibición de mercancías es una prioridad. Tan importante es la reactivación económica y las políticas de compensación social como las acciones contra los plásticos y el unicel. Los actuales tomadores de decisiones no pueden darse el lujo de ignorar esa variable.