Política

Repercusiones

enero 14, 2019

En el contexto de las medidas gubernamentales destinadas a terminar con el mercado del combustible robado, los transportistas del estado manifiestan su preocupación ante la eventualidad de que el hurto de unidades aumente, debido, precisamente, a que Veracruz junto con Puebla son los de más robo de combustibles al oriente de la República.

Es válida la preocupación empresarial y sus sugerencias, en el sentido del imperativo al gobierno del estado de coordinarse con Sedena y Semar para efectos de seguridad en las carreteras, aunque habría que aceptar que la sugerencia parece obvia.

No informa la Amotac si se ha reunido ya con las autoridades gubernamentales para una lectura en común de los datos duros que se tienen al respecto. Debería hacerlo, toda vez que las sugerencias que adelantan son bastante obvias.

Si no ha habido una reunión formal, debería haberla, de tal suerte que las razonables aprehensiones de los empresarios transportistas estuvieran más orientadas al establecimiento de mecanismos colaborativos con el gobierno en la protección de sus propios intereses, que en la mera enunciación de sugerencias evidentes que aportan nada a la solución del problema.

El Estado mexicano ha estado secuestrado durante décadas por una pandilla formada entre élites tecnocráticas, amafiadas en negocios que desangran y debilitan al Estado y a la sociedad que lo forma, empresas internacionalmente conocidas por su capacidad y probada acción corruptora (Odebrecht, OHL), y un espectro muy amplio de operadores de altos vuelos de la economía informal paralela que creó el fundamentalismo neoliberal y que determinó las decisiones públicas por más de tres décadas.

El problema es mayúsculo, hay desabasto, sí, pero no es un desabasto por insuficiencia distributiva de Pemex, sino por el combustible robado que no llega a sus puntos de venta habituales. Pemex informa que no sólo distribuye lo habitual, sino que ha aumentado la producción y distribuye alrededor de 15 por ciento por encima de la demanda habitual de las gasolineras. Luego, el desabasto no es de combustible legal, sino el ilegal que era distribuido por medios legales.

Sí, el temor de Amotac es fundamentado, basta echar una ojeada a los videos que documentan la cantidad de transportes robados modificados especialmente para la transportación de combustibles.

Queda la sensación, sin embargo, que los transportistas pueden aportar mucho más a la solución del problema en el estado que el mero reclamo derivado de una deducción vaga.