Política

Un fiscal de parapeto

enero 11, 2019

Se afirma que para que exista una sana democracia, los tres poderes formales deben gozar de autonomía, incluyendo la posibilidad de que entre ellos existan desavenencias y hasta confrontaciones, todo ello en el marco de la justicia y la legalidad.

Con la llegada de AMLO al Poder Ejecutivo y su idea de realizar un cambio estructural en el país, el tabasqueño se ha enfrentado con una enorme resistencia de parte de grupos de presión y poderes fácticos que ven con incertidumbre el futuro ante la pérdida de canonjías y privilegios de los que han venido gozando por decenas de años. Recibían subsidios, permisos especiales y hasta tolerancia de las autoridades para hacer "negocios"; de ahí se entiende la virulencia reaccionaria a la que es sometido a diario el gobierno morenista.

De hecho, la gestión lopezobradorista arrancó con una especie de confrontación entre los poderes Ejecutivo y Legislativo por un lado, y el Poder Judicial por el otro. En Veracruz, dicho fenómeno se viene replicando pero no como una expresión política sana sino como lamentable ejemplo de la descomposición institucional que padecemos cuando el fiscal general, Jorge Winckler, insiste en ocupar por nueve años más el cargo que le fue conseguido por Miguel Ángel Yunes Linares.

Es de suponerse que para la ciudadanía no habría mayor problema en que el abogado de los negocios de la familia del ex gobernador continuara en el cargo si la procuración y administración de justicia se hubiera desempeñado con eficiencia y honestidad y no bajo consignas políticas, reprimiendo a los adversarios y aplicando el adagio "al amigo justicia y gracia, y al adversario justicia a secas".

El hecho de haber convertido a la FGE en el brazo legal del yunismo para perseguir a sus adversarios hizo que se instituyera una suerte de sectarismo discrecional con el que actúo Winckler Ortiz y que le ha hecho ganar enemigos hasta entre miembros de la alianza política PAN-PRD.

Como se recordará, en días recientes, fue aprobada la reforma al artículo 33 de la Constitución Política del Estado, que faculta al Poder Legislativo para remover al fiscal; sin embargo, lo relevante es que un buen número de alcaldes panistas, de quienes la lógica indicaba que votarían en contra, apoyaron y dieron su voto a favor de esa iniciativa. Fueron 54 alcaldes pertenecientes a esa fracción política quienes avalaron la salida del aún fiscal.

Si a ese número le sumamos los otros 46 alcaldes panistas-perredistas que por alguna razón dejaron correr la votación hasta aprobarse por la figura de la afirmativa ficta, vemos que 100 de los 112 municipios que se supone debieron respaldar a Jorge Winckler, de manera directa e indirecta contribuyeron a que se aprobara la reforma.

Esto quiere decir que el 89 por ciento de esos alcaldes se pronunció a favor de la remoción del abogado de los Yunes, por lo que ni siquiera hubiese sido necesario el voto de otros para que avanzara esa iniciativa. Más allá de la fuerza que tiene Morena en el Congreso, este resultado se deriva del hartazgo ciudadano ante la nula eficacia y compromiso de Winckler, en la que debiera ser su prioridad, que es ofrecer justicia a los veracruzanos, sobre todo a aquellos que fueron lacerados por la delincuencia, la inseguridad y la corrupción, cuyos casos se siguen dando justamente bajo su amparo.

Lo que también refleja esta interesante numeralia es que Jorge Winckler ha perdido tanta legitimidad, que ya ni los de su partido le ven futuro, y no podría ser de otra forma si se ha dedicado a evidenciar que el cargo le fue impuesto por su jefe, que lo coloca en la posición de fiscal de parapeto, sembrado en el cargo para seguir protegiendo los intereses familiares y obstruir la impartición de justicia contra presuntos actos de corrupción cometidos en el bienio anterior.