Política

Que FGE pida sumar desaparición forzada a JDO no lesiona derechos

enero 07, 2019

Al ex gobernador Javier Duarte de Ochoa le fue sobreseído el juicio de amparo que promovió, para evitar que a su solicitud de extradición le fuera adherido el delito de desaparición forzada de personas.

El juez federal José Díaz de León Cruz, titular del Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México determinó que no había ninguna violación a los derechos del ex mandatario estatal, porque ni siquiera han iniciado las etapas para solicitar al gobierno de Guatemala avale se le procese por dicho delito.

Detenido hace 20 meses, extraditado a México y ya sentenciado a 9 años de prisión por el delito de asociación delictuosa, Javier Duarte ha logrado burlar hasta el momento a la Fiscalía General del Estado (FGE) por la acusación de desaparición forzada.

Y a pesar que le fue sobreseído este amparo, la Fiscalía no ha podido consignar a Javier Duarte por desaparición forzada, pues el caso durante el gobierno de Enrique Peña Nieto se quedó detenido en la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE).

De acuerdo con el juicio de amparo número 588/2018 promovido ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo en Materia Penal de la Ciudad de México se estableció que no existe un agravio personal y directo contra Javier Duarte en la solicitud del Fiscal General del Estado de Veracruz de incorporación del delito de desaparición forzada de personas, al proceso de extradición por el que fue traído a México.

Los agravios planteados por Duarte de Ochoa no cumplen con las características exigidas constitucionalmente y legalmente para estimar que lesione algún derecho subjetivo del quejoso.

Conforme a lo analizado por el juez federal, la solicitud de incluir el delito de desaparición forzada contra Duarte de Ochoa, en la extradición avalada por el gobierno de Guatemala contra Javier Duarte aún no da inicio, pues todavía se está a la espera de lo que resuelva la Procuraduría General de la República (PGR) y la Secretaría de Relaciones Exteriores, y finalmente lo que determine el gobierno guatemalteco.