Política

Ruidos

enero 05, 2019

A mes y días de haber tomado posesión, los gobiernos federal y veracruzano han sido objeto de un marcado ejercicio de valoración crítica. Esto puede ser atribuido a la combinación de una sensación de condiciones nuevas de libertad y a la urgencia de satisfacción de demandas ciudadanas largamente pospuestas por el desinterés de las autoridades todas, federales y estatales.

La ciudadanía ejerce su condición de sujeto de las decisiones públicas y, con su crítica, establece un orientador diálogo gobernados-gobernantes que, idealmente, debiera ser parte sustantiva de los procesos de toma de decisiones en políticas públicas. A eso corresponde, por ejemplo, la resolución de priorizar la reconstrucción y reconfiguración del sistema nacional de salud por encima, incluso, de la del sistema educativo. Y es que, datos comprobatorios aparte, puede afirmarse sin exagerar que la trama institucional estatal y nacional está despedorrada. Es imperativo reconstruirla sin dejar de atender –con eficiencia, además– las consecuencias de su abandono y deliberadamente deficiente operacionalización.

Al ser tan grande la expectativa ciudadana por el cambio, las exigencias son muchas e impacientes. No han sido pocos los temas en donde se exigen cambios inmediatos cuando aún no se diagnostica siquiera la situación precisa del deterioro. O la decadencia, si se prefiere.

El caso de la seguridad pública es paradigmático, ejemplos sobran; el más reciente, el severo maltrato propinado por policías estatales a una familia de migrantes veracruzanos que cuentan, además, con la ciudadanía norteamericana. Si el incidente escala a nivel diplomático consular, está por verse. Pero al margen de eso, es clarísimo que el problema pasa por la calidad del personal y las inercias distorsionantes en los cuerpos de seguridad todos.

La toma de decisiones en esta materia es apremiante. Implica, entre otras cosas, instituir nuevamente las secretarías de Seguridad Pública federal y estatal que, en el caso veracruzano, hay razones para pensar en una completa revisión de los perfiles del personal y el eventual rediseño de los protocolos de actuación. Se precisa de una cultura distinta que redefina el sentido del servicio público en materia de seguridad ciudadana. Es materia de educación y preparación antes que de equipamiento. Menos vistosa, sí, pero sensiblemente más efectiva y segura.

Existen, como señala el gobierno, versiones encontradas de los hechos, pero incluso si la versión de los policías fuera medianamente cierta, nada justifica su actuar.

No extraña el deterioro, a una institución a la que se cuestiona desde hace años se suma el efecto abrasivo de dos gobiernos estatales especialmente tóxicos, el de Javier Duarte y el de Miguel Ángel Yunes Linares.

Mientras eso sucede, sería deseable que los gobiernos se esmeraran en difundir los fundamentos y criterios de sus decisiones. Parte importante de la asintonía entre la ciudadanía y las autoridades de este régimen son los fallos entre el contenido e intención del emisor del mensaje y la forma en que son recibidos por una ciudadanía relativamente novata en su ejercicio crítico y asunción de responsabilidad. Esto es terreno especialmente fértil para la inducción de campañas interesadas en socavar a los gobiernos antisistémicos de origen morenista.

Es el caso, por ejemplo, de la decisión de formar una guardia nacional como paso de transición entre la militarización vigente heredada por las patológicas locuras de Felipe Calderón, y la vuelta a una Policía Civil, esta vez capacitada, se dice.