Política

Confianza

diciembre 22, 2018

Cualquier inicio de una administración gubernamental siempre presenta retos inéditos, tareas inacabables, máxime cuando se arranca, como en el caso de Veracruz, en las peores condiciones financieras provocadas por la abultada deuda pública y el dispendio y corrupción que anteriores gobiernos hicieron con el erario; está también el enorme hándicap que representa la inseguridad y la obligación del estado para garantizarle a la ciudadanía el elemental derecho a tener certidumbre en sus bienes y persona.

Si a lo anterior se le añade que el país entero se encuentra en el umbral de una nueva etapa de transformación propuesta por el gobierno de Andrés Manuel López Obrador, la cosa no puede ser y estar más compleja. Porque dicha iniciativa pasa por muchos obstáculos, desde romper con una histórica inercia en el uso y ejercicio del poder que hicieron las gestiones presidenciales del PRI y del PAN, múltiples resistencias de grupos de presión y centros de poder que verán disminuidos sus privilegios y canonjías, hasta el desconocimiento del proyecto que plantea el régimen de Morena y que se utiliza para desacreditar y descalificar las iniciativas gubernamentales.

Una transformación estructural y del alcance y tamaño como es la que parece estar detrás del proyecto morenista se plantea en varios tiempos, con resultados deseables también en distintas etapas, dadas las difíciles circunstancias financieras del país. Por ello, se entiende la prisa por atender los temas socialmente sensibles como es el de atacar la pobreza y marginación de grandes grupos de la población pero también las acciones de largo aliento como son la revisión de la reforma energética, la recuperación de la seguridad alimentaria y sobre todo, el combate a la actividad de grupos delincuenciales que se han cebado en algunas entidades, entre ellas, Veracruz, con resultados desalentadoras y preocupantes para la población.

La ciudadanía tiene derecho a exigir resultados y a demandar a las autoridades responsabilidad y coherencia entre los dichos y los hechos. El nuevo gobierno, a su vez, tiene frente a sí la oportunidad histórica de sentar las bases para la construcción de nuevas instituciones y formas en el ejercicio del poder, que tomen como eje las necesidades colectivas y no la apropiación del erario y de las decisiones importantes para sustentar proyectos políticos y de corte familiar, como sucedió en el reciente gobierno panista.

Esa misma circunstancia es la que enfrenta la gestión de Cuitláhuac García. Compleja, delicada y conflictuada en lo económico y lo social, por las decisiones tomadas por el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares y cuyas consecuencias se asoman de forma negativa para una sociedad que ha puesto su esperanza y confianza en la naciente administración gubernamental.