Política

Disonantes

diciembre 11, 2018

La Suprema Corte de Justicia de la Nación decidió en votación dividida congelar la Ley de Remuneraciones que establece que ningún funcionario público puede tener un salario superior al que gana el presidente.

Lo cierto es que, en el desencuentro entre algunos magistrados y la presidencia de la República, los argumentos a favor de la contención salarial son justificados porque están distorsionados. La discusión puede abordarse desde distintos puntos de vista, desde la separación y autonomía entre poderes, hasta las consideraciones éticas y morales de ganar con cargo al presupuesto gubernamental cantidades de dinero ofensivas para la casi totalidad de los mexicanos. Está, además, en juego el fundamento de autoridad que deben tener los magistrados. Después de décadas de desmantelamiento de la fábrica nacional y de la prudencia gubernamental, los salarios de la alta burocracia llegaron en no pocos casos a niveles de saqueo. Durante décadas la alta burocracia ha ganado salarios superiores incluso a los de sus pares norteamericanos y europeos. Esto ha sido desde luego otra forma saqueo, además de consolidación del encaje de complicidades que ha asolado y empobrecido a la nación durante casi cuatro décadas.

El magistrado veracruzano Isidro Alcántara Valdez sostiene que el Poder Judicial está amenazado por leyes que amenazan su autonomía. Esto es impreciso. Pero hace una semana el Poder Judicial de la Federación tramitó un amparo en el que se alega que la reducción de sueldo en la ya aprobada Ley Federal de Remuneraciones de los Servidores Públicos es contraria a la Constitución. No lo es. El mismo recurso también denuncia las reformas que se pretenden hacer a la Ley Orgánica del Poder Judicial impulsadas por el Congreso. Esto es: sujetar el ingreso y la promoción en la carrera judicial; someter a los integrantes del PJF a pruebas de polígrafo y establecer controles de patrimonio y entorno social.

El asunto no es menor no sólo porque prefigura un conflicto entre poderes que eventualmente pudiera escalar, aunque es improbable toda vez que el Presidente dijo que había que acatar la resolución de la corte. Pero al margen de un eventual conflicto mayor, la resistencia de argumentos esgrimidos por algunos magistrados bordean el ridículo. Es el caso de quien sostiene que los salarios deben ser así de altos para evitar que los jueces sean corrompidos. Lo cierto es que el hecho mismo de percibir tales salarios en las condiciones en las que está el país y la administración pública es un acto de corrupción.

A mediados del año pasado se hicieron públicas informaciones sobre el nepotismo de jueces y magistrados en el Poder Judicial de la Federación. Los cuatro jueces que aspiran a la presidencia de la SCJN reconocen el extendido nepotismo y derroche existente. Algunos de ellos hicieron ofertas para reducir presupuestos globales o congelar salarios de mandos, pero ninguno de ellos propuso reducciones salariales a ministros, magistrados o jueces.

Es un serio problema de falta de entendimiento y empatía. Es no aceptar que parte importante de la solución del angustiante saqueo al país por décadas pasa por la coherencia del ejemplo de quienes imparten justicia en los asuntos más relevantes de la nación. No sólo es un asunto de moral pública, es un asunto de fundamento de autoridad. Cosa que los propios magistrados minan en tiempos definitorios para la convivencia nacional. Entre los salarios y la batería de privilegios para los jueces, el sistema de complicidades cimienta su protección. Se trata de desarmar tal sistema y refundar la prudencia en la República. No hay otra forma para salir del pudridero en el metieron a la República. Faltan cosas por ver, pero sería bueno que los jueces fundamentaran su autoridad en la austeridad y el conocimiento, no en el boato remunerativo. Especialmente porque la configuración de la SCJN es aún más dudosa con la incorporación relativamente reciente de Eduardo Medina Mora.