Política

La misma calaña

diciembre 07, 2018

En el estado de la República en que la desaparición forzada de personas se convirtió en una pesadillezca realidad para cientos de familias, se está llevando a cabo uno de los debates más inesperados y bizarros que se pueda imaginar, a partir del hecho que el delito de desaparición forzada no está considerado como de extrema gravedad.

Para empezar, el ex secretario de Seguridad Pública de Javier Duarte, Arturo Bermúdez Zurita, fue liberado pese a existir en su contra decenas de denuncias que lo involucran directamente en casos de jóvenes levantados por la Policía que en ese oscuro sexenio estaba bajo sus órdenes. Y de paso, exigirá la devolución de bienes incautados por el gobierno de Miguel Ángel Yunes, tratando de confirmar sus argumentos en el sentido de que fueron obtenidos de manera legal y que el panista lo extorsionó para despojarlo utilizando al fiscal Jorge Winckler Ortiz, como el principal operador de una serie de maniobras que también le habrían sido aplicadas a otros ex funcionarios del duartismo.

De hecho, Bermúdez Zurita llevó las cosas al extremo e interpuso un nuevo caso de juicio político en la Legislatura contra el fiscal yunista, con lo que los días de éste al frente de la dependencia estarían contados, pero además se encuentra ante la posibilidad de que en conjunto, a todos aquellos ex funcionarios a quienes acusó con razón o no, y que eventualmente sean liberados, entablen sendas demandas en su contra, lo que viene a complicarle extraordinariamente el escenario de su corta y polémica carrera de servidor público.

De manera independiente a la fragilidad moral de las denuncias presentadas por gente de la catadura de Bermúdez Zurita y su victimización que pretende hacer de su persona como perseguido por el gobierno anterior, las rabietas del fiscal por quedarse en el gabinete morenista, a todas luces tienen un trasfondo y forman parte de una estrategia política proveniente del ex mandatario panista, con el propósito de desestabilizar al naciente régimen morenista.

Esa dramática historia veracruzana en la que la inseguridad y las violaciones a los derechos humanos tuvieron en los dos gobiernos anteriores un punto culminante aún no acaba. El odio y deseo de venganza de Yunes Linares, que lo llevó a fracasar en su intento de heredarle a su hijo la silla gubernamental, seguirá como perniciosa influencia y seguirá –a cualquier costo– tratando de inflar las posibles fallas de un gobierno naciente que además de lidiar con la crisis económica enfrenta un conflicto de inseguridad y deslealtad institucional en la Fiscalía.