Política

Pifias

diciembre 06, 2018

La liberación ayer del ex secretario de Seguridad Pública del estado, Arturo Bermúdez Zurita, causó revuelo. Especialmente en redes sociales. Con toda razón. El haber liberado a un detenido acusado de desaparición forzada obliga a la juez que concedió el amparo a dar una muy detallada explicación abierta de sus razones para hacerlo.

El ánimo público condena absolutamente el hecho, por evidentes razones. El mismo ánimo condena con severidad al gobierno, al actual. Hay un desencanto manifiesto y no pocas alusiones a la traición. Es normal, pero es impreciso.

Si nos atenemos a las razones por las que se dio el amparo, la mala integración de la investigación, hay fundadas razones para barruntar alguna colusión toda vez que la desaparición forzada es un delito grave independientemente de que a quien se acusa haya o no participado en la detención. La juez Alma Aleida Sosa concedió el amparo habiendo razones suficientes para dar crédito a la acusación, independientemente de lo bien o mal que se haya integrado el expediente. Es precisamente la razón por la que no lo sobreseyó.

Pero la colusión no necesariamente es entre la juez y el acusado, sino entre el acusado y su acusador original, el fiscal general Winckler.

El resultado final de estos hechos está por verse; por lo pronto el gobierno ha encajado un golpe en la percepción de no pocos ciudadanos y se ha establecido un punto de tensión entre el gobierno y el presidente del Tribunal Superior de Justicia del estado, Edel Álvarez.

Pero también ha dado una poderosa razón adicional para reconsiderar la conveniencia de que Jorge Winckler permanezca como fiscal general del estado de Veracruz.

Este asunto trasciende el ámbito estatal, anuncia el tipo de resistencias y equinos troyanos que dejarán los notables del régimen anterior para los gobiernos morenistas.

Es deseable que el ciudadano tenga todas las versiones de los hechos antes de convencerse de una u otra versión. Pero tal cosa no es un hábito, ni siquiera un ejercicio frecuente, por lo que puede suponerse que el gobierno de Cuitláhuac García tendrá que empeñarse en las puntualizaciones.

El golpe puede ser aparatoso, pero es poco efectivo.

Ahora, si el delito de desaparición forzada no es grave en Veracruz, esto es atribuible a las administraciones de los ex gobernadores Duarte y Yunes; lo es a nivel federal y desde 2010 se critica a los congresos de los estados donde no lo es. Habrá que revisar las razones por las que los congresos recientes no hicieron tan sutil modificación y por la que los dos gobiernos anteriores no tomaron la iniciativa en ese sentido.

Así, no son pocos los que deben rendir cuentas pronto a la ciudadanía. Porque, al fin y al cabo, cómo es posible que en un estado que ha sufrido tanto y donde hay tantos destrozados en dolor por la desaparición de algún familiar, donde tantas veces ha sido pública la participación de policías estatales en la desaparición de personas, ése delito infame no sea considerado grave. ¿Cuál es la entraña de los legisladores recientes?