Política

Editorial

diciembre 05, 2018

Recién terminada la administración pasada, el corazón y espina dorsal de su oferta política se desmorona. Los signos de su precariedad fueron evidentes a lo largo de año y medio, una vez pasado el candil bufo del encarcelamiento de ex funcionarios del impresentable gobierno de Javier Duarte. Ocho años de completa decadencia del propósito de la política y del sentido de la administración pública. El estancamiento económico, la violencia criminal y el asedio letal contra mujeres fueron intocados a lo largo de todo ese tiempo con las consecuencias que ahora se ven. Por un lado, el repunte de la violencia criminal, y por el otro, la exhibición de las excesivas inconsistencias en la tarea del fiscal Winckler, quien hace apenas unos días respondía que no renunciaría pese a las denuncias que por su pírrico desempeño acumula desde casi el inicio del gobierno de Yunes Linares, cuando se documentó la participación de una veintena de policías estatales uniformados participantes de los saqueos de enero del 2017, desatados por un enésimo gasolinazo. Un par de semanas después todos los policías vándalos estaban libres. Esto, debido a la mala integración de los expedientes que los acusaban.

Luego denunciarían a la Sefiplan por un desvío millonario cuando está explícitamente prohibido por la ley que la Fiscalía emprenda acciones penales contra instituciones estatales. La razón es evidente: las instituciones son entelequias, reglas del juego para la convivencia social colectiva, no son las instituciones quienes delinquen, son los seres humanos que las manejan. No había concluido el primer mes del año y el fiscal tuvo que encajar el escarnio porque un ex funcionario que había estado detenido y logró salir del penal para seguir su proceso en libertad huyó. Luego la Ffiscalía acusó a un campesino de ser un multihomicida, pero el juez ordenó su liberación inmediata.

Las pifias se acumularon y agravaron con la indolente actitud del gobierno anterior y su fiscal familiar frente a dos casos que son suficientes para determinar la tragedia humanitaria que vive el estado: los desaparecidos, los feminicidios y la constante homicida de la que apenas ayer tuvimos un nuevo incidente.

Desde el principio el fiscal ha recibido varias denuncias por su dudoso desempeño: tuvo que ofrecer una disculpa pública a integrantes de colectivos de desaparecidos por haber informado sobre la localización de seis cuerpos –entre ellos una familia de Querétaro– en fosas en Alvarado únicamente con base en credenciales de elector encontradas en el lugar, violando los protocolos de identificación de cadáveres.

Una vez salido el ex gobernador Yunes, empiezan a hacer lo propio varios de sus encarcelados ejemplares, funcionarios del gobierno de Javier Duarte.

En el colmo del ridículo, presumió haber hallado a una persona a quien su familia había encontrado sepultado varios meses antes. Después, se jactó haber hallado a una persona a la cual su familia ya había encontrado y sepultado por cuenta propia desde 2016.

Pero el permanente desencuentro con los colectivos de búsqueda es una deuda creciente que se acumula y toma cada vez mayor relevancia por las evidencias del deliberado desprecio del gobierno anterior frente a los desaparecidos.