Política

La conexión Yunes-Winckler-Bermúdez

diciembre 04, 2018

Si bien proviniendo del ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez Zurita, la solicitud de juicio político contra el fiscal yunista Jorge Winckler García carece de cualquier valor moral, pues sobre el ex funcionario recluido en Pacho Viejo pesan infinidad de denuncias sobre violaciones a derechos humanos, desapariciones de decenas –acaso centenas de personas– y actos de la peor vileza que se pueden cometer desde el poder público, la denuncia se convierte en la mejor muestra de la enorme descomposición política e institucional que en una especie de concordato fraguaron los gobiernos de Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes.

A escasos cuatro días de que el yunato se acabara como modelo de gobierno que hizo de la extorsión y del uso extralegal del aparato de justicia instrumento para justificarse social y políticamente, el abogado de Bermúdez Zurita presentó en la Legislatura un documento y audios en los que el duartista narra cómo fueron las negociaciones para "donar propiedades" y de esa forma reparar el daño patrimonial, presuntamente causado al erario público, violando con ello las legislaciones civiles, financieras y penales, ilegalidades que habrían de ser cometidos por el ex gobernador Yunes Linares y su fiscal Jorge Winckler.

Ese sistema de extorsión, según el abogado, se centró en la solicitud de la dación de siete propiedades que a decir del ex jefe policiaco, habrían sido adquiridas por su familia antes de ingresar al gobierno y otros más ubicados en EU, los cuales estarían pagándose mediante créditos hipotecarios. De todo ello estaban enterados y habrían fungido como coparticipantes en la "operación" de rescate de tales inmuebles Winckler García y el fiscal Anticorrupción, Marcos Even Torres.

Si bien hace ya más de dos años y medio la ciudadanía optó por darle su voto al PAN-PRD y castigar en las urnas al PRI y a Javier Duarte, harta de la impunidad y la corrupción, de la violación a las garantías individuales de centenas de veracruzanos que fueron desaparecidos tanto por la delincuencia organizada como por algunos núcleos policiales bajo el mando de Bermúdez Zurita, la realidad es que bajo el mandato de Yunes Linares las cosas no cambiaron un ápice.

Por el contrario, la inseguridad creció y el aparato de justicia y de gobierno se utilizó selectivamente para perseguir a algunos duartistas que fueron ocupados como chivos expiatorios, luego de hacerlos devolver parte de lo robado, o bien, para ofrecerles a otros protección cuasi mafiosa para que a cambio de la devolución de bienes y cuentas bancarias, pudieran estar al margen de la persecución yunista.

Por ello, cobra relevancia la revelación de que Yunes Linares utilizó dinero público para liquidar la hipoteca de una casa de Bermúdez Zurita ubicada en Woodlands, Texas, a cambio de que éste atestiguara en contra de Javier Duarte, ilegal operación con dinero público de la que el fiscal Winckler García tuvo conocimiento, pues como se recordará, dicha acción fue publicitada por el panista como otro más de sus "logros" anticorrupción.

Por lo pronto, en tanto se deslinde la actuación del ex mandatario, la situación legal del fiscal general y del fiscal anticorrupción quedará en manos de la Legislatura para, en caso de fincarles responsabilidades, iniciar el procedimiento de juicio político que acabe, esperemos que de una vez por todas, con la corrupción y el uso patrimonialista del poder.