Sociedad y Justicia

No hubo declaratoria de crisis humanitaria; es por violación de derechos humanos, aclaran

diciembre 02, 2018

La integrante de Colectivo Solecito, Lucía Díaz Genao, aclaró que el anuncio del gobernador Cuitláhuac García Jiménez se trata de un programa emergente por la violación de derechos humanos, pero no es una declaratoria de "crisis humanitaria", pues se tenían problemas legales para implementarlo.

A partir de la declaratoria de este viernes, el gobierno atenderá el tema de los desaparecidos como una "catástrofe" y se podrá solicitar apoyo internacional para la búsqueda y para identificar los cuerpos que fueron hallados en fosas, e instalar los panteones ministeriales y adecuar los espacios para la preservación de los cuerpos.

La activista mencionó que el programa emergente por la crisis que se vive en Veracruz no tiene precedente y permitirá visibilizar el fenómeno, y las familias tendrán más respaldo para su búsqueda.

"Implica que va a ver una visión diferente. Veracruz es un parteaguas a partir de esto, porque ningún otro estado lo tiene; creo que debería ser a nivel nacional. Se asumen las desapariciones como tal, ya se (acepta) que es la violación a los derechos humanos".

Díaz Genao consideró que ante el cambio de gobierno, lo más viable es que el fiscal Jorge Winckler renuncie al cargo, pues los casos fueron abandonados desde hace un año y medio, "hablando sin ninguna agresión, podemos decir que no sería cómodo para un fiscal que trabajó de esa manera (…) nada autónomo, a él no le toca quedarse".

Criticó que suplieron la investigación de los casos al llevar el tema de los desaparecidos al ámbito mediático, con la detención de policías y exfuncionarios, lo que no resolvía el problema de los desaparecidos y la localización de los familiares de integrantes de los diversos colectivos.

Se requieren 338 mdp

Para atender la crisis de desaparición de personas en Veracruz, el gobernador Cuitláhuac García Jiménez proyectó la creación de un Fondo Estatal de Desaparición y otras acciones que requieren recursos por 383 millones de pesos.

En el documento "Necesidades presupuestales para atender la emergencia humanitaria de personas desaparecidas en Veracruz", que es producto de cinco mesas de trabajo con 15 grupos de colectivos de familia desaparecidas y el ahora gobernador, se expone un diagnóstico de la crisis de personas desaparecidas en el estado. Va desde el elevado número de personas no localizadas, fosas clandestinas dispersas por el territorio veracruzano, falta de capacitación de la policía, carencia de panteones ministeriales, hasta una crisis forense que urge resolver.

El plan contempla la creación del Fondo Estatal de Desaparición –considerado dentro de la ley en materia de desapariciones–, que para su creación requiere 84 millones, de los cuales 56 serían a portados por la Federación y 28 por el Gobierno del Estado.

Asimismo, se proyectó un monto de 29 millones "para la creación y operación anual de un cuerpo policiaco especializado en desapariciones, que dependería de Seguridad Pública, y que respondería a la urgencia de los colectivos para acabar con el rezago de carpetas".

Los recursos utilizados para financiar la policía son: el Fondo de Aportación para la Seguridad Pública (FASP), y el Programa de Fortalecimiento para la Seguridad (Fortaseg).

En el texto se plantea reestructurar la Fiscalía Especializada en Investigación de Personas Desaparecidas, con un monto presupuestal de 32 millones de pesos para salarios de al menos 100 fiscales.

"Se necesita reestructurar la actual fiscalía especializada con base en un diagnóstico regional, que considere las zonas indígenas y/o de difícil acceso, para el efecto de aumentar el número de fiscales especializados, y policías ministeriales especializados adscritos a esta fiscalía. La cantidad de fiscales requeridos se definirá y distribuirá a partir del número de carpetas, el número y lugar de incidencia de casos por región".

Actualmente, en la entidad hay 11 fiscales asignados a esta fiscalía especializada en seis ciudades (Poza Rica, Xalapa, Veracruz, Córdoba, Cosamaloapan y Coatzacoalcos) que deben trasladarse a municipios que tienen incidencia y que no cuentan con uno.

Con esta reestructuración se busca acabar con el rezago en investigaciones a través del Programa de atención inmediata y diligente de casos, "que establecerá una metodología que permita con debida diligencia y en tiempo determinado, resolver el mayor número de casos, así sucesivamente, hasta que no quede ninguno".

Dentro del documento "Necesidades Presupuestales", se estiman 127 millones 500 mil pesos para salarios, capacitación y evaluación de 500 elementos de la Policía Ministerial. "La idea es que exista personal ministerial suficiente y en condiciones óptimas para realizar el trabajo de manera eficiente".

El plan contempla quintuplicar el presupuesto de la Comisión Ejecutiva Estatal de Atención Integral de Víctimas (CEEAIV), de 6 millones que se presupuestaron en 2018, a 30 millones, de los cuales 10 millones serán para salarios de 30 asesores jurídicos, 10 millones para 30 especialistas en enfoque psicosocial, 6 millones para 10 elementos administrativos y 4 millones para gastos de operación.

"Es necesario aumentar el presupuesto de la CEEAIV para fortalecer sus funciones, ampliar sus capacidades de atención y asistencia, para que pueda cumplir con su mandato ante el número de víctimas de delitos y de violaciones de derechos humanos".

En atención a la Ley General de Víctimas se contempla destinar 80 millones de pesos para el fondo de Ayuda Asistencia y Reparación (FAAIR), de los cuales 60 millones serían para pagar las compensaciones a víctimas del delito, que están pendientes, atrasadas, y las que se podrían generar para 2019, mientras que 20 millones serán para gastos funerarios, de traslado y medidas de rehabilitación que incluye, entre otros, gastos médicos y hospitalarios.

Durante su mensaje, el gobernador dijo que los gobiernos de Fidel Herrera, Javier Duarte y Miguel Ángel Yunes "no cumplieron con su función en torno a estos sucesos". Y a diferencia de ellos, manifestó que su gobierno tiene la voluntad política para atender la problemática y dar justicia, verdad, reparación, y localizar a todas las personas desaparecidas. Exhortó al Congreso de Veracruz para asignar los recursos necesarios para atender la crisis de desaparición de personas en el estado.

Necesidades presupuestales para atender crisis de desaparecidos en Veracruz

84 millones, necesarios para el Fondo Estatal de Desaparición; 29 millones para una policía especializada en desapariciones con al menos 100 elementos; 32 millones para salarios de 100 fiscales especializados; 127 millones, los que se demandan para capacitación y salarios de 500 elementos de la Policía Ministerial que trabajen en desapariciones; 30 millones, los que se deben destinar al menos al año a la Comisión de Atención de Víctimas; 80 millones, los que se necesitan para el Fondo de Ayuda Asistencia y Reparación; 383 millones, los que son necesarios en total para comenzar con el Programa Emergente por Crisis humanitaria por personas desaparecidas.