Política

Universidad Veracruzana y su Facultad Legislativa

diciembre 01, 2018

Desde que se fundó la Universidad Veracruzana se le otorgó la facultad de presentar iniciativas de ley ante el Congreso Local, sobre su organización y funcionamiento. En 1996, al otorgarle la autonomía, extrañamente se le retiró dicha atribución.

A partir de entonces varios universitarios hemos escrito y propuesto que se le devolviera esa facultad para consolidar la autonomía universitaria.

Fue hasta este año en que se publicó en la Gaceta Oficial del Estado, número extraordinario 358, del 6 de septiembre, en que se devolvió a nuestra Universidad el derecho de iniciar leyes y decretos en todo lo relacionado a su autonomía, organización y funcionamiento.

Desde ese momento se iniciaron los trabajos para elaborar un Anteproyecto de Ley Orgánica, que sería sometido al consenso de los universitarios, catedráticos, investigadores, estudiantes, administrativos, técnicos y a toda persona que quisiera.

En el mes de marzo de este año durante la celebración del Consejo Universitario General, se nombró por unanimidad una Comisión Transitoria encargada de formar el Anteproyecto y hacerlo de conocimiento a la comunidad universitaria. Para tal efecto se establecieron como medios de participación correos, chats, foros en línea, participaciones presenciales, entre otras maneras.

A la fecha, la participación universitaria ha sido significativa, mil 345 intervenciones, 18 sesiones, lo que significa un trabajo serio y muy participativo. Se han escuchado a todos los que han querido proponer, hacer observaciones y objeciones y una gran cantidad de propuestas han sido incorporadas al texto.

Con esos antecedentes, resulta extraño que se liste en el orden del día de la Legislatura una reforma a la Ley Orgánica de la Universidad Veracruzana cuando públicamente se tiene conocimiento que está en un proceso serio la confección de una nueva Ley Orgánica.

La iniciativa afecta la autonomía universitaria. De qué sirve la facultad otorgada si de inmediato se le pretende restringir y vulnerar, al pretender una reforma que disponga cómo debe actuar la Universidad.

Esa intromisión en la vida universitaria viola la autonomía y contraviene lo que dispone la máxima autoridad universitaria como lo es el Consejo Universitario. Que lamentablemente regresemos al intervencionismo de Estado.

La Universidad al ser autónoma tiene sus propios órganos de decisión y el Consejo General, integrado por más de 400 académicos, donde también están representados los estudiantes de todas las zonas universitarias con voz y voto, es el órgano máximo que rige la vida universitaria y es quien tiene que decir cómo hacer las cosas. Nadie más.

Como universitario, apelo a la sabiduría de los actuales integrantes del Poder Legislativo para rechazar o no aprobar la citada iniciativa que ofende a la comunidad universitaria.