Política

Sexenio de EPN, el peor en feminicidios

noviembre 28, 2018

De 12 mil 796 asesinatos de mujeres entre 2012 y 2017 sólo se integró 22% de expedientes

Orizaba, Ver.- El gobierno de Enrique Peña Nieto tuvo en la impunidad su mejor aliada a lo largo de seis años. A tres días de dejar la Presidencia los números en materia de violencia de género no le favorecen en nada, por ejemplo su sexenio será recordado como el que registró no sólo mayor número de agresiones contra mujeres y feminicidios, sino como el más impune en investigaciones, pues del cien por ciento, de las 12 mil 796 denuncias presentadas, apenas 22 por ciento, es decir 2 mil 815, fueron integradas.

De acuerdo con datos del Observatorio Ciudadano Nacional del Femincidio, del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli y de la organización no gubernamental Kalli Luz Marina A.C., –los tres representativos de esta zona de Orizaba– el aún presidente de la República, "deja el peor contexto de violencia contra las mujeres en México. De 2012 a 2017 el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio registró 12 mil 796 asesinatos de mujeres, de los cuales sólo en 22% se iniciaron investigaciones como feminicidio. Como nunca antes en la historia, el nuevo Gobierno Federal enfrenta grandes retos y recomendaciones internacionales para garantizar el derecho de las mujeres a una vida libre de violencia".

El documento, entregado por la licenciada Luz María Reyes Huerta, explica parte de los retos internacionales que nuestro país tiene en esa materia en un futuro casi inmediato, "en dos años, México tendrá que mostrar frente a la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Violencia (CEDAW, por sus siglas en inglés) avances sustanciales en la materia.

Pero advierte "México tiene un saldo negativo y el peor escenario de violencia que impacta en la vida y seguridad de las mujeres es el legado de Enrique Peña Nieto al concluir su sexenio. Las políticas públicas e instancias encargadas de prevenir, atender, investigar y sancionar la violencia contra las mujeres han sido ineficientes y sin perspectiva de género. Aunado a ello, las procuradurías o fiscalías en lugar de garantizar el acceso a la justicia, la obstruyen. Son negligentes y omisas, como lo reconoció la Suprema Corte de Justicia de la Nación".

Igual se detectan otros factores que influyen en este tema, pues, se dice, "las estructuras patriarcales a las que nos enfrentamos las mujeres, se encuentran presentes desde las relaciones de pareja, la violencia laboral, en las zonas comunitarias, redes criminales y en la violencia institucional. La violencia de género afecta a las mujeres tanto en el ámbito privado como en el público. Nos enfrentamos a contextos comunitarios de alta criminalidad donde somos consideradas una mercancía, botín de guerra, atentando contra nuestro cuerpo y sometiéndonos a un nivel de violencia inimaginable".

Además la impunidad en la mayoría de los casos es generalizada, lo que hace permisible la prevalencia, incremento y agudización de la violencia. Otra violencia que atenta contra la integridad de las mujeres es la violencia sexual. De acuerdo con la Secretaría de Salud, durante 2017, 89 mujeres accedieron a servicios de aborto por violación, lo que contrasta con los casi 600 mil reportes de delitos sexuales al año, en los que nueve de cada diez víctimas, son mujeres. Cabe destacar que las mujeres víctimas de violencia sexual no reciben una atención integral y, contrario a ello, se les criminaliza al negarles el acceso a la interrupción legal del embarazo. Tan solo entre 2008 y junio de 2017 organizaciones no gubernamentales documentamos 2 mil 659 denuncias contra mujeres por el delito de aborto".

Dentro del análisis que se hace al respecto, se identifica al recrudecimiento por la actuación de grupos antiderechos "que se empeñan en obstaculizar cualquier avance que tenga que ver con la igualdad sustantiva de las mujeres. Otra preocupación en el sexenio que agoniza es la militarización de la seguridad pública, como política destinada al combate de la violencia. En los últimos años se incrementó el uso ilegal e indiscriminado de la fuerza y las violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones extrajudiciales, tortura sexual y desaparición forzada de mujeres".

Asimismo "el Estado no garantizó la realización de acciones inmediatas de búsqueda en campo, ni existió una coordinación efectiva entre autoridades federales, estatales y municipales para la búsqueda e investigación de los casos de desaparición de mujeres y niñas".

La violencia de género no sólo se circunscribe a las agresiones, sino además incluye el feminicidio y en este tema, México registra graves atrasos que Peña Nieto no supo resolver, "en cuanto a los feminicidios en México, este sigue siendo un flagelo nacional. Según los datos recabados por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, el 40% de las víctimas de feminicidio de 2014 a 2017 tenían entre 21 a 30 años de edad, y en el 70% de los casos, las mujeres fueron asesinadas en el ámbito público. Las causas de muerte documentadas fueron: golpes, estrangulamiento, asfixia, quemaduras, envenenamiento, heridas mutilantes, agresiones con armas de fuego, entre otras".

Aquí hay una gran responsabilidad del estado, según cita el documento, sobre todo porque, se acusa, "el Estado toleró y legitimó situaciones, presencia y control territorial de redes y estructuras criminales a nivel nacional que atentaron contra la vida de las mujeres y niñas. A pesar de que se identificaron y documentaron patrones del delito, prácticas y modus operandi el Gobierno Federal, los gobiernos estatales y municipales fueron omisos al negarse a reconocer la vinculación del feminicidio con otros delitos, reduciéndolo sólo al ámbito privado, no queriendo reconocer que los contextos criminales están atentando contra la vida de las mujeres".

De acuerdo con información del Gobierno Federal, de 2012 a 2016 sólo se emitieron a nivel nacional 304 sentencias por feminicidio, sin determinar si estas fueron o no condenatorias y si bien durante el gobierno de Enrique Peña se logró la investigación y la Declaratoria de, hasta el momento, 17 alertas de Violencia de Género contra las Mujeres, estas no tuvieron el impacto esperado debido a que la Conavim no quiso corregir y fortalecer el Mecanismo, a pesar de las propuestas hechas por las propias organizaciones de la sociedad civil expertas en la materia".

Por eso, "por acción u omisión, Enrique Peña Nieto deja un país de víctimas y una vergüenza nacional. Como Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, reconocemos que el nuevo gobierno se enfrentará a un contexto como nunca antes en la historia de México, por lo que se requiere de una acción urgente y responsable, con una ruta clara que permita evaluar los impactos de las medidas que implemente para erradicar la violencia contra las mujeres, ante ello:

–Hacemos un llamado para que exista un compromiso real que resuelva de fondo y con un enfoque diferencial, la situación de la violencia que viven las niñas y mujeres en México.

–Eliminar las políticas públicas que no dan resultados, a través de un sistema de evaluación en donde los impactos positivos puedan ser medibles.

–Que el Poder Legislativo proponga un marco legal que depure a las instancias que pasaron de procuradurías a fiscalías, a fin de sancionar a las y los funcionarios públicos que por acción u omisión obstruyan el acceso a la justicia, para que la autonomía de las fiscalías no sea un sinónimo de impunidad frente a los derechos de las víctimas y sus familias.

–Que de manera coordinada con el Poder Legislativo, las autoridades estatales y federales, construyan marcos legales y las políticas públicas para salvaguardar la vida e integridad física de las mujeres.

–Hacemos un llamado al presidente de la República electo, a los gobernadores actuales y a los cinco nuevos para que el combate, sanción y erradicación de la violencia contra las mujeres sea un eje transversal y una prioridad en su agenda política.

–Nos pronunciamos contra una Guardia Nacional Militarizada porque sabemos de los impactos de la militarización en el tejido social y en las mujeres. En ese sentido, exhortamos al nuevo gobierno a implementar una política de seguridad garantista de los derechos humanos en las ciudades y en las comunidades rurales".

Finalmente se remarca, "desde 23 distintos estados de la República en donde se encuentra el Observatorio, entre ellos Veracruz, defensoras de los derechos humanos y organizaciones de la sociedad civil, damos cuenta de la inacción, desinterés y dolo que prevaleció en el sexenio de Enrique Peña Nieto, y estaremos atentas del actuar del nuevo gobierno. Manifestamos nuestra disposición e interés de trabajar de manera conjunta, a fin de que las mujeres en México puedan vivir en condiciones de igualdad, libertad y seguridad".