Política

Considerar desaparición como no grave, un retroceso

noviembre 27, 2018

Sospechan colectivos que la medida es para favorecer al ex fiscal Luis Ángel Bravo

Orizaba, Ver.- Familiares de personas desaparecidos rechazan las resolución de jueces y magistrados quienes calificaron el delito de desaparición forzada como no grave, lo cual advirtieron es un retroceso y resulta insultante para las familias.

En un comunicado abierto firmado por una veintena de colectivos se manifestaron contra la resolución emitida por el juez décimo quinto del distrito de Xalapa, y los magistrados del segundo tribunal colegiado en materia penal del primer circuito.

Los familiares de víctimas por desaparición forzada, exhiben el desaseo del Poder Judicial de la Federación (PJF) al intentar recategorizar el delito y pasarlo a no grave, de concretarse, además de ser un grave retroceso legal, se violan acuerdos internacionales en materia y es un agravio para las familias que cruzan ese trance; en Veracruz se sospecha que la medida pretende favorecer al ex fiscal general del estado Luis Ángel Bravo Contreras.

Aracely Salcedo, representante del Colectivo Familiares de Víctimas de Desaparecidos Córdoba-Orizaba afirma que nuestro país carga con más de 37 mil víctimas de desaparición forzada, "según cifras oficiales", pero lo preocupante de todo, "es la participación, en los hechos, de servidores públicos del Estado, resulta insultante y sumamente insensible el hecho de que Jueces Federales minimicen el delito de desaparición forzada, ignorando la situación de incertidumbre y zozobra que vivimos los familiares de los desaparecidos, quienes hemos luchado por el reconocimiento de esta problemática a nivel nacional y por la implementación de políticas de Estado para garantizar nuestros derechos a la verdad, la justicia y la reparación".

Por esos criterios como los que señalan que la desaparición forzada no es un delito grave, precisa, "constituyen un enorme retroceso, además de que resultan violatorios de Tratados Internacionales de los que México es parte, como la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas Contra las Desapariciones Forzadas y de la Convención Interamericana sobre Desaparición Forzada de Personas".

Si lo anterior es poco, "se desconocen los criterios de la Suprema Corte de Justicia (SCJN) en el sentido de la obligación que tienen los jueces de aplicar los derechos humanos y las resoluciones de la Corte Interamericana de Derechos Humanos –como el caso Rosendo Radilla– que establecen claramente que la desaparición forzada de personas es un delito extremadamente grave y que en circunstancias específicas puede ser catalogada como un crimen de lesa humanidad".

Esto viene a colación "por las resoluciones recientemente emitidas por el Juez Decimoquinto de Distrito con residencia en Xalapa, Jorge Holder Gómez y de los magistrados del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito Alejandro Gómez Sánchez, José Alfonso Montalvo Martínez y Mario Ariel Acevedo Cedillo, en el sentido de que la desaparición forzada de personas no es un delito grave, nos agravian y son muestra de una profunda indiferencia y desconocimiento de las obligaciones constitucionales, en particular el principio de interpretación de la norma más favorable, la ley general de víctimas y como hemos señalado de los criterios que al respecto ha desarrollado la SCJN y la Corte Interamericana de Derechos Humanos".

En el contexto de desapariciones generalizadas de nuestro país es necesario que las fiscalías soliciten y sustenten, y que los jueces valoren, en todos los casos la necesidad de aplicar la medida cautelar de prisión preventiva, en razón de la situación de riesgo de sustracción de la justicia de los imputados, el riesgo para la seguridad de las víctimas y/o testigos y el riesgo para la integridad del procedimiento en general.

Pero en el caso de nuestro estado, se sospecha que esas resoluciones, "han sido dictadas para proteger a Luis Ángel Bravo Contreras, quien fuera fiscal General del Estado durante el gobierno de Javier Duarte de Ochoa, el ex fiscal se encuentra vinculado a proceso por el delito de desaparición forzada de personas".

Por eso, los familiares de Personas Desaparecidas hacemos un llamado a las fiscalías y al Poder Judicial de la Federación para que, "de conformidad con el Código Nacional de Procedimientos Penales, garanticen la seguridad de víctimas y testigos, y prevengan la sustracción de la justicia de las personas imputadas, mediante la solicitud sustentada y el otorgamiento de la medida cautelar de prisión preventiva".

Lo anterior de acuerdo, prosigue, "con sus propios criterios que permiten una interpretación constitucional al juez penal, quien puede establecer la gravedad de una conducta entre otras situaciones por el impacto social o la trascendencia que ésta causa y el daño a la sociedad como lo es la desaparición forzada de personas", se precisa.

No obstante amagan con tomar otras medidas, más allá de la protesta pública, "si ese criterio lesivo de los derechos humanos y los derechos de las víctimas permanece, haremos un llamado al Congreso de la Unión, para que reformen el artículo 19 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y se contemplen los delitos relacionados con la Desaparición Forzada de Personas y la Desaparición Cometida por Particulares, como delitos que ameriten la prisión preventiva oficiosa; pues la falta de previsión de los mismos en el artículo 19 Constitucional ha servido de pretexto para que algunos juzgadores, ya sea que motivados por la complicidad, corrupción o insensibilidad, soslayen la gravedad de estos delitos, y permitan la impunidad de los responsables".

Puntualiza, "exigimos un pronunciamiento del CJF para que conforme a los Tratados Internacionales de los que nuestro país es parte, se reconozca la extrema gravedad de la desaparición forzada y se exhorte a las autoridades correspondientes a reconocer la misma, pues los criterios de los juzgadores antes mencionados, pueden impactar sobre los procesos penales que se llevan en todo el país en contra de los autores materiales e intelectuales de este crimen, fomentando con ello la impunidad y permitiendo que los responsables obtengan beneficios, por ejemplo, el enfrentar sus procesos en libertad, lo que pondría en riesgo la integridad de víctimas y testigos".

Los familiares de personas desaparecidas rechazamos las resoluciones del PJF que minimizan la gravedad del delito de desaparición forzada de personas, las resoluciones emitidas son altamente insensibles, violatorias de derechos humanos y revictimizan a las familias que buscan a sus seres queridos, por ello, "los Colectivos Familias Desaparecidos Orizaba–Córdoba y Red de Madres Buscando a sus Hijos Veracruz, rechazamos enérgicamente las recientes resoluciones dictadas por miembros del PJF que señalan que el delito de desaparición forzada de personas no es un delito grave.