Política

Descomposición y simulación

noviembre 27, 2018

La tersa transición de gobierno y régimen federales es apariencia. Eso parece confirmar la negativa de la PGR para transparentar el caso Odebrecht en México. En días pasados el Instituto Nacional de Acceso a la Información ordenó a la PGR transparentar el caso a solicitud de un ciudadano. La PGR decidió entonces ampararse contra la resolución del INAI argumentando que, literal, por un lado "se pone en riesgo el buen nombre (sic) de los involucrados" y que la propia PGR aún no ha podido clarificar si el caso es o no uno de, entre otras cosas, corrupción. El argumento es ofensivo, basta remitirse a los documentados y públicos casos de varios países sudamericanos que, al investigar asistidos por expertos internacionales, han documentado casos que han puesto en la cárcel a varios ex presidentes, funcionarios y familiares en países al sur del continente.

Desde inicios de octubre pasado, el INAI resolvió que la PGR debía transparentar las actuaciones, hacer pública la información que contienen sobre las actuaciones de Odebrecht en este y el pasado sexenios. La Procuraduría federal ha hecho nada y no tiene la intención de hacerlo aún en contra de las medidas de apremio del INAI.

La PGR argumenta que es un caso abierto que aún no se resuelve y, con base en esto, se amparó (!!!); como argumento adicional arguye que no es un caso de interés público sino de curiosidad pública (!). Un caso de ridícula risa loca.

Tanto la improvisación como la negativa misma sugieren que la administración de Enrique Peña Nieto, realmente se resiste con toda fu fuerza y empeño.

Para Veracruz el asunto es sustantivo porque toca inversiones tanto en Pemex Petroquímica como en presas hidroeléctricas. El dinero para la corrupción de Odebrecht pasa no sólo por el gobierno veracruzano anterior, sino que necesariamente toca a figuras muy destacas del sistema de toma de decisiones vigente y desde luego del régimen, para el que no existen verdaderas diferencias sustantivas entre el PRI y el PAN.

He ahí, por ejemplo, la negativa del actual titular de la Secretaría de Educación estatal para denunciar al ex titular Adolfo Mota y al funcionario Édgar Spinoso, ambos asociados a las investigaciones –si acaso– sobre corrupción en el gobierno anterior.

No hay forma de no suponer fuertes gastos de dinero corruptor de Odebrecht en México. Así lo sugiere la diversidad de proyectos en los que está involucrada en el país y, enterados de su metodología habitual, por los que habría ganado varios millones de pesos prorrateados en varios años. Tal como hace OHL en México con el Circuito Mexiquense.

Parte importante del caso Odebrecht-México pasa por Veracruz y afecta directamente a sus habitantes. Desde el año pasado se sabe que Odebrecht pagó sobornos por 3 millones 754 mil dólares a una compañía de fachada veracruzana, de acuerdo con una investigación de Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad; y que por medio de esa compañía se opera una red de prestanombres vinculada al gobierno veracruzano anterior.

Por tales urdimbres es que no debe extrañar que el actual secretario de Educación de Veracruz se deslindara de la obligación de presentar denuncias públicas contra Adolfo Mota y Édgar Spinoso Carrera, ex funcionarios de dicha dependencia asociados al daño patrimonial a esa dependencia.