Política

Acusa PGR a jueces de aplicar criterios a modo a colaboradores de Javier Duarte

noviembre 13, 2018

La Procuraduría General de la República (PGR) advirtió que el caso contra colaboradores de Javier Duarte corre peligro, ya que jueces y magistrados aplican "criterios a modo" en forma retroactiva que favorecen a los imputados.

Felipe Muñoz Vázquez, subprocurador de Delitos Federales de la PGR, manifestó lo anterior por el fallo de un juez que invalidó todos los documentos bancarios contra Javier Nava Soria, el contador procesado por su implicación en el caso Duarte, debido a que esas pruebas no se obtuvieron con orden judicial.

Expuso que el criterio del juez se basó en una tesis aislada dictada en noviembre de 2017 por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, la cual no es jurisprudencia obligatoria para los impartidores de justicia.

"Estamos tratando de tener una estrategia que nos permita tener sentencias condenatorias. Desde luego que se corre un peligro que desde un principio se los mencioné".

"Creo que lo que la sociedad reclama es que no haya impunidad y cuando tenemos criterios a modo pues la generamos. Estoy de acuerdo con el criterio, pero que el criterio se aplique a partir de cuando se adopta y hacia adelante, no de manera retroactiva".

Muñoz, en forma irónica, reiteró que el fallo dictado el fin de semana en favor de Nava Soria justificaba aún más la decisión tomada por la PGR de negociar un procedimiento abreviado contra el ex gobernador veracruzano Javier Duarte, en el cual consiguió una sentencia de nueve años de prisión.

"(De haberse ido a juicio) ahorita lo tendríamos de vacaciones, como lo mencioné, en Miami, en Cancún, con sus lentes oscuros, disfrutando".

"Cuando nosotros adoptamos el criterio de ir por un juicio abreviado, pues teníamos este escenario, este escenario que veíamos peligroso y que lo que iba a generar era impunidad, en un hecho tan lamentable y que la sociedad reclama".

El subprocurador sostuvo que si la PGR hubiera sido clarividente, hubiese solicitado a los jueces su validación para tener acceso a la información bancaria de los cómplices de Duarte.

Sin embargo, conjeturó que muy seguramente los juzgadores le hubieran respondido que el Ministerio Público tenía la facultad para requerir esa información sin orden judicial.

Muñoz mostró su desacuerdo con el encabezado de la nota de Reforma, que refiere que la resolución sobre Nava Soria se trata de un revés para la Procuraduría.

"Creo que el revés quien lo lleva es la ciudadanía, ese revés es para con la ciudadanía, nosotros avizoramos este escenario en el caso de Javier (Duarte) y es por lo que fuimos a un procedimiento abreviado".

Revés en caso de contador de JDO

Un juez federal determinó que es ilegal toda la información financiera que presentó la PGR en el proceso contra Javier Nava Soria, un contador involucrado en la red de empresas que desviaron dinero en el gobierno de Duarte, porque fue obtenida sin orden judicial.

El juez Marco Antonio Fuerte Tapia invalidó 10 estados de cuenta, el testimonio de 10 funcionarios de bancos y un dictamen de contabilidad de la PGR, al estimar que derivan de un acto que debió contar con la autorización de un juez.

La decisión, que pone en grave riesgo el caso contra el procesado, se basa en el criterio aislado dictado el 22 de noviembre de 2017 por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que califica de inconstitucional el acceso a informes bancarios sin permiso judicial.

Anuncia PGR que apelará fallo

"La oferta probatoria del Ministerio Público versó sobre esa información financiera, de las personas que había investigado y todo se excluyó del juicio; entonces, ya no hay otra información financiera", dijo en entrevista Israel Trujillo, abogado de Nava Soria.

"Para la defensa es clave que se hayan excluido porque fueron ilícitas, para la teoría del caso del Ministerio Público también son claves. Mi perspectiva la veo positiva, pero pues en un proceso pasan muchas cosas, como siempre lo he sostenido".

La decisión del juez Fuerte Tapia fue tomada en la audiencia intermedia celebrada el jueves y viernes pasados en el recinto judicial del Reclusorio Norte.

La PGR presentó allí la acusación contra Nava, a quien también le reclasificó el delito de delincuencia organizada, fincándole asociación delictuosa y lavado de dinero, ilícitos por los cuales pidió que le impusieran una condena de 20 años de prisión.

A diferencia del ex gobernador Duarte, el contador sí irá a juicio.

Al término de las audiencias, Fuerte Tapia sólo aprobó a la PGR 12 testimonios, dos periciales y 10 documentales como pruebas de cargo contra Nava Soria.

Entre los testimonios están los de Rodrigo González Bolaños, director de Procesos Legales "B" de la Unidad de Inteligencia Financiera, y Mauricio Moreno Balbuena, representante legal de la Secretaría de Hacienda.

También el de los testigos colaboradores Alfonso Ortega López y José Juan Janeiro Rodríguez, ambos presuntos operadores financieros de Duarte, así como José Eduardo Núñez Durán, corredor público 28 de la Ciudad de México, y Mariana Sandoval Igartúa, notario público 33 de Naucalpan, Estado de México.

A Nava Soria le aceptaron sólo nueve pruebas, entre ellas los mismos testimonios de las personas ya enunciadas, así como el de Javier Osornio Rodríguez, quien fungió como comisario en la empresa Hidromezclas, constituida por Janeiro y Mansur.

Las otras pruebas del procesado son su escrito de contestación a la acusación y la ampliación de su propia declaración.

Debido a que está en trámite el amparo en revisión de Nava contra la vinculación a proceso, el juez Fuerte Tapia acordó el viernes suspender el procedimiento y no fijar fecha de juicio hasta en tanto no sea resuelto el recurso del imputado.

El abogado del procesado detalló que tampoco habrá fecha de juicio hasta que sea resuelta la apelación que la PGR anunció que presentaría ante un Tribunal Unitario contra la decisión de invalidar los documentos bancarios.

Nava era el apoderado legal de Consorcio Brades, una empresa "fachada" que compró en 223 millones 800 mil 963 pesos unos predios en Campeche, cuyo valor catastral era 18 mil veces menor al pagado.

El vendedor en este caso fue Moisés Mansur, considerado el principal prestanombres del ex gobernador de Veracruz.