Política

Derechos Culturales para Veracruz

noviembre 12, 2018

Hace unas semanas, el gobernador electo, Cuitlahuac García, dio a conocer que Silvia Alejandre Prado será la titular del Instituto Veracruzano de la Cultura. Al hacer uso de la palabra, quien será directora del IVEC y la primera Secretaria de Cultura de Veracruz, mencionó que una de sus encomiendas inmediatas será impulsar la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Veracruz.

Será importante que Silvia Alejandre considere la iniciativa con proyecto de ley que presentó el Diputado Rodolfo Corpi Lara del grupo legislativo de Morena, a la LXIV Legislatura del Congreso del Estado de Veracruz, en el mes de junio del año en curso, y buscar que tal propuesta sea reformulada, pues la mayor parte de su contenido es simplemente una copia de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales que entrara en vigor en junio del año 2017. Es importante recordar que dicha Ley ha sido cuestionada por diversos actores del sector cultural pero, de manera especial, por quienes participaron en la redacción del "Documento Orientador Hacia una Ley General de Derechos Culturales de México", entre los que destacan especialistas en varios temas relacionados con la cultura, como Carlos Villaseñor, Eduardo Cruz Vázquez, Eduardo Nivón, Ernesto Piedras, Alfonso Suárez del Real, Lucina Jiménez y Raúl Ávila.

Si se trata de promover la redacción de la Ley de Cultura y Derechos Culturales del Estado de Veracruz, habrá que empezar por sentar las bases para establecer un proceso dialógico entre actores del sector cultural y los legisladores de la Comisión Permanente de Educación y Cultura, y además incluir a las Comisiones de Derechos Humanos y Atención a Grupos Vulnerables; la Comisión de Derecho Artesanal y la Comisión de Desarrollo Social, Humano y Regional. Es imprescindible que el enfoque de la Ley tenga una perspectiva de la cultura como un Derecho Humano y que, a partir de ello, el interés del instrumento jurídico esté centrado en garantizar los derechos culturales de todos los veracruzanos.

Para ello, sin duda alguna, existen dos documentos que habrá que tener en cuenta: el Documento Orientador mencionado, en el que destaca el reconocimiento del doble valor, simbólico y económico, del arte y la cultura; una nueva concepción de la política cultural que requiere para este siglo XXI de una gobernanza que permita su armonización y coordinación con las políticas educativas, económicas, de salud, de seguridad ciudadana y de medio ambiente. Lamentablemente la Ley General de Cultura y Derechos Culturales aprobada, no consideró en su redacción la mayor parte de lo que planteaba este documento; el Título Cuarto "De la sostenibilidad del desarrollo", Capítulo I. "Elementos de la sostenibilidad del desarrollo cultural" fue suprimido en su totalidad, tema que debía ser prioritario, y que hace referencia al "Equilibrio e integralidad de las Políticas Culturales", a la "Promoción Universal de la creatividad", a los "Indicadores" de las Políticas Culturales y a la "Cuenta Satélite de cultura".

El otro documento fundamental para la tarea que se ha propuesto la arquitecta Alejandre Prado, es la Ley de los Derechos Culturales de los Habitantes y Visitantes de la Ciudad de México, publicada en el número 245 de la Gaceta Oficial de la Ciudad de México, del 22 de enero de 2018, ley que recupera el espíritu y gran parte de lo redactado en el Documento Orientador citado. Ambos deben ser considerados por la próxima titular del IVEC, al igual que el proceso dialógico entre actores del sector cultural y los legisladores veracruzanos, para que muy pronto en Veracruz podamos disfrutar de un instrumento jurídico que garantice los derechos culturales de todos los veracruzanos.

Ante los nuevos escenarios que se dibujan en el panorama mundial y, particularmente en nuestro país, a partir de la expedición de la Ley General de Cultura y Derechos Culturales en el año 2017, el quehacer de las instituciones culturales tiene que replantearse en varios sentidos: la concepción de lo cultural como un Derecho Humano de todas y todos los habitantes de un territorio, ante lo cual los tres órdenes de gobierno tienen la obligación de garantizar el cumplimiento de tales derechos mediante el ofrecimiento de bienes y servicios culturales; la consideración del concepto de sustentabilidad vinculado con lo cultural, en el marco de las propuestas de la Agenda 2030; y el diálogo entre los distintos y múltiples agentes culturales como premisa para construir políticas culturales locales. La refundación de las instituciones culturales sólo será posible si ésta camina por una ruta democrática, asegurando el bien común.