Política

Fracasos al hilo

noviembre 11, 2018

Visto prácticamente desde cualquier óptica, la económica, la de seguridad pública, la de desarrollo o la humana, Veracruz es un Estado fallido. No es casual que lo sea, lleva cuatro administraciones gubernamentales, 20 años continuos, de gobiernos patrimonialistas corruptos y mentirosos hasta el tuétano. Los resultados, desde luego, están a la vista.

La corrupción sistémica lleva a absurdos como que las cifras gubernamentales oficiales respecto a los asesinatos de mujeres son significativamente inferiores a las cifras dadas por la sociedad civil. Según el gobierno se habrían cometido hasta septiembre 133 crímenes fatales contra mujeres, pero el Observatorio Universitario de Violencia contra las Mujeres contabiliza bastantes más a partir del simple seguimiento sistemático de la información de 35 medios de comunicación en las tres regiones del estado. La evidencia del incumplimiento del eje articulador de lo que el actual gobernador Yunes Linares presentaba como principal oferta política, la seguridad pública. Los seis meses que dijo bastaban para resolver el problema fueron letra muerta con el agravante de que, dos años después, la situación es peor.

Lo mismo sucede con la reactivación económica. Es inexistente y, luego de la deliberada morosidad gubernamental, también ha empeorado porque la economía del estado es punto menos que catatónica.

Por si fuera poco, las agresiones contra el interés público del estado continúan a pesar de que las resistencias de la sociedad las han ralentizado. Sea la presa proyectada por Odebrecht en Jalcomulco, o los proyectos mineros que, a la sorda, se han multiplicado en el estado.

La canadiense y tóxica Gold Corp sigue obteniendo permisos para explotar oro. La minería concesionada a empresas extranjeras es profundamente estúpida porque el Estado y la sociedad mexicana reciben miserables migajas en impuestos. Las inversiones hechas en la materia se multiplican varios miles de veces en ganancias que dejan ningún beneficio ni a la población local ni al país.

Es imperativo que el gobierno entrante, montado en la ola del cambio de régimen, revise localmente los permisos y concesiones otorgados durante las últimas dos décadas, minas y presas, independientemente de los permisos que tales intereses hayan obtenido en la penosa administración federal actual.