Política

Realidades y curia

noviembre 06, 2018

Durante el fin de semana, dos miembros del alto clero veracruzano hicieron sendas declaraciones sobre la circunstancia de Veracruz.

Por un lado, Luis Felipe Gallardo Martín del Campo, obispo de Veracruz, abordó el tema de las desapariciones –que en Veracruz se cuentan por miles– sobre el que dijo que es una herencia muy pesada para la próxima administración. Es verdad, es una herencia muy pesada para la que habrá de dedicar mucho tiempo, recursos e ingenio a fin de aliviar en algo el desgarre emocional de los familiares y deudos. Describió a Veracruz como un estado fallido, cosa que es básicamente cierta, y sin eufemismos responsabilizó a las autoridades.

No se precisa de especial agudeza para entender que el obispo habla de las autoridades de dos administraciones en concreto: la pasada de Javier Duarte de Ochoa y la feneciente de Miguel Ángel Yunes Linares, que no mostró diferencia significativa respecto de la de su antecesor. Veracruz es un estado fallido porque las autoridades no garantizan la seguridad de sus ciudadanos, la función más básica y elemental de cualquier estado.

Las autoridades apenas si buscan a los desaparecidos y esto obedece a dos razones: una, porque está completamente rebasado por el número de casos; dos, porque la descomposición es paralizante y las capacidades institucionales del estado para hacer frente a la circunstancia son punto menos que nulas. Y, en buena medida, la paz depende de que los miles de familiares de los miles de desaparecidos encuentren alguna forma de saldar y cerrar el horrendo dolor de la incertidumbre y el miedo.

Luego, el obispo tiene razón y el estado tiene que ser reconfigurado institucionalmente para medianamente empezar a dar satisfacción a los miles de víctimas familiares. Es de reconocerse la sintonía toda vez que su dicho fue en el contexto de una misa de comunión para los integrantes del grupo Solecito, referencial en cuanto a fuerza frente a los distintos gobiernos por la dignidad inapelable de su quehacer.

El grado de dificultad para recomponer al estado es mayúsculo, pero no sólo es posible hacerlo, sino que es imprescindible. La institucionalidad como está es extraordinariamente débil, permeable por agentes extraños y maleable.

Contrastan, por otro lado, las declaraciones, también de fin de semana, del arzobispo Hipólito Reyes, quien abordó el quinto mandamiento: no matarás.

En un estado sembrado de cadáveres y abrumado de desapariciones, cualquiera pensaría que el arzobispo habla de esa circunstancia. Tiene sentido ahora que está por salir una administración fallida que irresponsablemente prometió terminar con la violencia y resolver la inseguridad –lo que incluye encontrar a los desaparecidos– en seis meses. Cosa a la que ni remotamente se acercó. Para ser eficiente las balandronadas sobran.

Pero el arzobispo Reyes no se refería a eso que hace del Veracruz un estado fallido incapaz de proteger cabalmente a su ciudadanía. El jerarca sustrae olímpicamente la responsabilidad gubernamental de dar seguridad y paz a la ciudadanía para promover la agenda de una muy cuestionable fracción de la Iglesia.

Para el obispo, la cultura de muerte a la que se refiere no es el torrente de asesinatos y feminicidios, sino al derecho de las mujeres por una reproducción elegida, el cual le parece totalmente reprobable.

Es la frivolización de lo importante. Existe sí, una suerte de cultura de muerte cuando la letalidad de la realidad es grande y queda impune. Pero no es eso lo importante sino que las mujeres tengan la posibilidad de interrumpir su gestación en las primeras semanas del embarazo y los milagros de algún notable al que le interesa promover a la calidad de santo.