Política

Desatendió Yunes crisis de derechos humanos por estrategia electoral

noviembre 05, 2018

Existe la urgencia de atender a los familiares y buscar a los desaparecidos, hay declaradas dos alertas de género que conminan a atender los feminicidios, atender a los menores de edad ante el clima de inseguridad que se vive, sin embargo, las instancias encargadas de ello, lejos de hacer su trabajo desplazaron a los trabajadores de 12 dependencias del gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares, entre ellas, de la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito, de la Dirección de Consolidación del Sistema de Justicia Penal y Derechos Humanos, Alerta de Violencia de Género contra las Mujeres, Instituto de la Atención Municipal, del Instituto Veracruzano de la Mujer, del Instituto de la Defensoría Pública, pertenecientes a la Secretaría de Gobierno, que encabeza Rogelio Franco Castán, para operar la llamada "Conspiración Tlacuache" que buscaba ganar en los distritos 08 Xalapa, 09 Coatepec, 10 Urbano.

Los servidores públicos de 12 dependencias del gobierno del estatal, de nivel de directores, subdirectores, jefes de departamento, asesores, participaron de la Secretaría Ejecutiva SPINNA del Sistema de Protección de niñas, niños y adolescentes, Enlace administrativo Editora, Dirección General de Consolidación de Justicia Penal, Subdirección administrativa del Instituto de Pensiones del Estado, de la Secretaría de Gobierno, Instituto Veracruzano de la Defensoría, del Registro Civil, Junta de Mejoras, Dirección General de Catastro, Dirección General del Migrante.

A pesar que en Veracruz hay una crisis de derechos humanos, en donde hay temas que requieren atención urgente, no ha sido así durante la administración de Miguel Ángel Yunes Linares le apostaron a la estrategia electoral, desplazando a personal, cuando estas instancias como la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito no destinó ningún recurso para las víctimas porque la mayor parte de su presupuesto se destina para pagar nómina de la institución.

De acuerdo con los documentos que un lector nos hizo llegar, señala que intervinieron 142 servidores públicos integrados en 23 equipos, repartidos en los distritos 08 Xalapa, 09 Coatepec, 10 Urbano y tuvieron acciones de proselitismo electoral en seccionales de los municipios de Xalapa, Actopan, Alto Lucero, Tlaltetela, Jalcomulco, Las Vigas, Chiconquiaco, Naolinco, Yecuatla, Tonayan, Coatepec, Teocelo y Coacoatzintla.

Entre los cientos de copias sobre esta estrategia electoral, se encuentra: lista de asistencia durante los tres meses de campaña, recibos de recepción de propaganda, listas de apago a diferentes operadores en los distritos locales, relación de nombres de los servidores públicos, municipios y secciones asignadas a los tres distritos electorales, directorios de distritos 08, 09 y 10 de coordinadores distritales, seccionales, listado de nombres de líderes comunitarios y municipales, constancias de estudios para operadores.

Una de las piezas principales fue Noreya Portilla, a quien lanzaron como candidata del PAN-PRD, pero ella era titular de la Unidad de Administrativa, de diciembre de 2016 a mayo de 2018, es decir, tenía a su cargo toda la operación financiera de la Secretaría de Gobierno.

Pero para este operativo no solo se desplazó a los funcionarios públicos y personal, sino que también se destinaron recursos públicos durante el periodo electoral, incluso se extendieron a otros distritos electorales, a la semana fueron 604 mil pesos, lo que equivale que a la quincena se desplazaron un millón 208 mil y al mes 2 millones 416 mil pesos. Que multiplicado por cuatro meses da un total de 9 millones 664 mil pesos.

Si bien no es una cifra exorbitante, sí es considerable como para ser utilizada en beneficio de la población y no en estrategias políticas, cuando están involucradas dependencias que han dejado de atender a los sectores más vulnerables de la entidad veracruzana.

Así, de acuerdo con la última reforma mediante Decreto número 613 publicado en la Gaceta Oficial número extraordinario 030, de fecha 19 de enero de 2018, la Secretaría de Gobierno tuvo un presupuesto de 441 millones 223 mil 817 pesos, de ello, se destina a servicios personales 369 millones 122 mil 340 pesos, es decir al pago de salarios que en cuatro meses una gran parte no realizó trabajo en oficina de Rogelio Franco Castán, sino que fueron enviados a operar elecciones.

En campaña sin atender a víctimas

En las listas están como operadoras a dos funcionarias de la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito: a la titular, Lorena Mendoza Sánchez y a la consultora de vinculación Interinstitucional y Seguimiento de Servicios a Víctimas, Angélica Doria Reyes.

En tanto la CEEAIV fue criticada por víctimas y víctimas indirectas del delito desde su creación en la administración de Javier Duarte de Ochoa, debido a la escasa productividad en favor de los agraviados. Situación que fue justificada por la anterior titular Mireya Toto Gutiérrez debido a la partida asignada por el gobierno de Veracruz, que en el año de 2016 fue por 7 millones 300 mil pesos.

Tras un análisis en el apartado de transparencia de dicho organismo se comprobó que más del 50 por ciento del presupuesto se gastó en salarios de 16 funcionarios, esto sin incluir prestaciones, primas vacacionales ni aguinaldos.

En lo que respecta al Presupuesto de Egresos del gobierno del Estado de Veracruz de Ignacio de la Llave, para el ejercicio fiscal 2018, destinó 5 millones 913 mil pesos a la CEEAIV, pero igualmente el porcentaje destinado al pago del personal que labora ahí es más alto, el 100 por ciento. Mientras las víctimas esperan ser atendidas, las titulares de la Comisión Ejecutiva para la Atención Integral a Víctimas del Delito le dedicaron tiempo a campañas políticas, dejando a la deriva la atención a las familias de los más de 5 mil (según datos oficiales, y 20 mil datos de familiares de desaparecidos) tiene que esperar a que esta instancia les atienda.