Política

Infames

noviembre 03, 2018

Durante tres administraciones al hilo, la sociedad veracruzana ha vivido en la indefensión. Gobiernos obtusos y propiciatorios con la Federación, que aceptaron y calcaron la estúpida decisión de un gobierno enano, dipsómano e ilegítimo, del uso de la fuerza represiva como forma de lidiar con la violencia criminal. Decisiones todas que resultaron en la degradación de la seguridad pública y en la completa indefensión ciudadana.

El gobierno estatal en extinción lo hace con un muy largo inventario de promesas y expectativas incumplidas. Montado en la frustración de seis años de un gobierno nefando, a la actual administración le bastó prometer lo que no había para que un electorado harto creyera. Mano dura, decía, hasta aquí llegaron, decía, en seis meses volverá la paz, decía.

Pero el actual gobierno no cambió un ápice, o si acaso eso, el ápice, la punta de la lengua, fue todo el cambio que han sido capaces de concretar. De ahí más, nada.

Fiel a su perfil, el gobierno estatal optó exactamente por el mismo esquema basado en el uso de la fuerza. Las consecuencias de eso fueron habilitar y/o pasar por alto la abrumadora impreparación de las policías, la estatal y las municipales, que no han sido capaces, luego de mucho dinero e instalaciones invertidas, de configurar una Policía confiable sobre la base de la formación policial, no la mera capacitación para usar un arma sin perder la propia vida en el intento.

Las autoridades, el gobernador y su jefe de Policía, han sido la incompetencia por antonomasia al ser incapaces de perfilar –por lo menos– el inicio de redefinición institucional que garantice a los gobernados ser cuidados por policías que lo son por un perfil y habilidades medianamente aceptables, ya no de excelencia. La realidad es lo contrario.

Es muy grave porque como está visto, para quienes hoy pertenecen a la Policía el delito de sospecha se persigue de oficio y se le juzga sumarísimo en el lugar de encuentro. Hoy hay una familia más enlutada porque dos analfabetas funcionales, puestos y habilitados en un uniforme, dispararon sobre dos hombres jóvenes. Uno que llegaba a casa, el otro, su hermano, que salió del domicilio familiar para ver a qué obedecían los disparos. Los acribillaron y los perpetradores ni siquiera permitieron salir de su casa a la madre de ambos a atenderlos. Un odontólogo y un profesor muertos por la combinación perversa de una Policía penetrada por gatilleros asociados a una u otra organización criminal. A la madre de ambos muchachos la disuadieron de correr a tratar de salvar a sus hijos con un "chingada madre, métase porque a usted le toca también".

Entonces, ¿en manos de quién estamos? ¿Quién gobierna Orizaba en realidad? ¿Quién gobierna el estado?

El gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares se va sin más, con su larga retahíla de compromisos incumplidos y con la vergüenza pública de ni siquiera haber avanzado en algo con su supuesto mejor atributo en ristre, la firmeza, o el autoritarismo, para ser precisos.

Los hombres murieron no tanto por los disparos policiales sino porque los perpetradores impidieron incluso que la madre hablara a una ambulancia.

El caso no sólo retrata fielmente la indefensión ciudadana frente a lo que se hace llamar autoridad, sino que exhibe la naturaleza de una parte muy importante del personal de las corporaciones policiacas, que actúan más como gatilleros de banda criminal, que como oficiales de la ley.

Pero esto no es el resultado de un dilatado proceso de degradación del estado en Veracruz. Es un proceso que durante los últimos dos años no cambió, excepto para empeorar. Hay una larga cadena de responsabilidades a las que hay que llamar a cuentas y que no deben pasarse de largo, porque es la única forma de compensar en algo la abultada acumulación de agravios sobre la sociedad.