Política

Ignora Yunes recomendación de CNDH

octubre 09, 2018

Algunos jubilados no han cobrado su pensión en un año, otros, murieron sin cobrar

A pesar de las recomendaciones emitidas por violación de derechos humanos, hay jubilados que en un año del actual gobierno de Miguel Ángel Yunes no han recibido el pago de sus pensiones, otros que estuvieron en las manifestaciones ya murieron y sus familiares no recibieron los gastos funerarios, así lo dio a conocer la vocera de la Coalición de Pensionistas Independientes del Estado de Veracruz AC (Copipev), Adriana Chávez.

Hay jubilados que se les debe un año de pensión, hay deudas de defunciones, no se han pagado pensiones de viudez, hay dos enfermeras a las que se les debe sus pensiones con retroactivo, hay rezagos graves, como el servicio clave 80 (seguro del Magisterio), ello a pesar de las recomendaciones que se han emitido al gobierno de Yunes Linares, coincidieron pensionados.

Ante esta situación acordaron ir a ver al doctor Barcelata y a plantearle la situación para saber qué va a pasar con todos estos adeudos... y con toda esta gente que viene desesperada y que tiene once meses que no recibe pensión, ya no tiene sueldo, no tiene prensión y entonces de qué viven", ya que la actual administración concluye en menos de dos meses, sostuvo la presidenta de la Copipev.

También precisó que la violación a los derechos humanos, a la seguridad social, están presentes en el dicho del gobernador del estado, quien ha señalado que no habrá dinero para pagar pensiones y aguinaldos, esa es una violencia psicológica, es violencia ejercida para un sector social, "está violando los derechos humanos".

Al referirse a la recomendación emitida por la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH), dijo, que los gobiernos entrantes y actual no pueden violar los derechos de los jubilados, "estamos muy satisfechos, estamos sentando un precedente y el gobierno tiene 15 días para aceptarla o rechazarla".

En esta recomendación emitida por violación de derechos humanos a 35 jubilados y 2 periodistas, se contempla la reparación del daño a quienes tuvieron agresión física, también tenían que recibir tratamiento psicológico.

Tres meses para remediar daño

El gobierno de Veracruz, la Fiscalía General del Estado (FGE), el Instituto de Pensiones del Estado (IPE) y la Secretaría de Seguridad Pública (SSP) tienen tres meses para reparar el daño ocasionado a los pensionados y periodistas que fueron agredidos por policías estatales durante una manifestación en la que exigían el pago de pensiones atrasadas, ocurrida el 23 de diciembre de 2015.

A casi tres años de los hechos, la CNDH emitió la recomendación 16/2016 CEDH en la que determinó que el Gobierno del estado, a cargo entonces de Javier Duarte de Ochoa, violó los derechos humanos de los pensionados al ordenar, a través de la Secretaría de Gobierno —cuyo titular era Flavino Ríos Alvarado— el desalojo de los pensionados, en su mayoría personas mayores de 60 años.

De esto se derivarán denuncias penales y de tipo administrativo contra mandos medios y superiores de la SSP, como el ex secretario de Seguridad Pública, Arturo Bermúdez; el ex director de la Fuerza Civil; el secretario de Gobierno, Flavino Ríos, además de otros servidores públicos del Instituto de Pensiones del Estado (FGE) y de la propia Fiscalía General del Estado (FGE), como es el caso de su ex titular, Luis Ángel Bravo Contreras.

La CNDH determinó que la SSP violó sus protocolos y códigos de conducta al hacer uso excesivo de la Fuerza contra los pensionados, ya que para disolver la manifestación y abrir la avenida Juan de la Luz Enríquez usaron armas de descargas eléctricas, bastones bo y toletes contra los adultos mayores.

Ese día acudieron a disolver la manifestación cerca de 120 elementos policiacos, entre policías estatales, de Fuerza Civil y antimontines, que agredieron a las manifestantes, a pesar de que durante la investigación de la CNDH, la SSP aseguró que se condujeron con legalidad.

Por ello, parte de la recomendación emitida incluye iniciar procedimientos administrativos contra mandos medios y superior de los agentes operativos de la SSP y Fuerza Civil, pues había incluso jefes policiacos vestidos de civil que amedrentaron a la prensa y los jubilados.

"En unos de esos momentos un policía que tenía una pistola eléctrica me agarró con violencia, me torció la mano y el brazo aplicándome una llave; me dio descargas eléctricas con esa pistola que llevaba, ya que un policía me agarraba y el otro que estaba encapuchado y con casco me daba en la parte del costando y en la parte baja de la espalda toques eléctricos", se lee en un testimonial de un pensionado.

Por ello, la Comisión determinó que los agentes de la SSP no actuaron conforme al protocolo de actuación policías para el uso de la fuerza pública ni a su Código de Conducta.

"Los agentes policiales hicieron uso de la fuerza en contra de las personas mayores, empleando armas que se encuentran prohibidas como los bastones eléctricos y portando armas largas que no se informaron a la CNDH(...) Se golpeó a los manifestantes con bastones para que se colocarán en la acera; se les empujó por la fuerza a personas con movilidad limitada, apreciándose un uso de la fuerza indebido e innecesario".