Política

Algunos pendientes

octubre 09, 2018

El gobierno celebra estentóreo haber pagado más de 450 mil millones de pesos en adeudos a empresarios acreedores del desastroso gobierno de Javier Duarte, protegido de la mal llamada justicia federal por razones de estricto financiamiento ilegal del PRI, más las derivaciones a OHL y Odebrecht, que aún permanecen en la opacidad.

Es de reconocerse que casi al final este minigobierno decida hacer algo por la paralizada economía del estado. No servirá para reactivarla pero no está mal. El contraste dramático, sin embargo, lo aporta la resolución de la Comisión Nacional de Derechos Humanos al recomendar a la administración actual que repare el daño a los jubilados maltratados hace tres años.

Tras darse a conocer la recomendación emitida por la CNDH, dijo que con esta queda claro que los gobiernos no pueden declarar de manera indiscriminada que no hay certeza en el pago de las pensiones, como hasta ahora lo han hecho, pues constituye una violación a sus derechos humanos. Punto. La resolución es rotunda.

Los gobiernos neoliberales que han llevado al país y al estado a la situación calamitosa en la que se encuentra tienen la errónea idea de que el ahorro en salarios y prestaciones ayuda a reactivar la economía de las empresas. Es un error. La economía de las empresas mejora cuando sus productos y servicios tienen mercado y el mercado se reactiva cuando hay demanda y capacidad de consumo. Treinta años de obtusa austeridad neoliberal han dejado al país en el desastre.

El secretario de salud federal, el ex rector José Narro, afirma sin dudar que Veracruz es el estado con más denuncias por presunto desvío de recursos en Salud. No extraña si nos atenemos a la fama pública de su ex titular en el gobierno anterior.

El caso es que hacia el final de la administración, y a contrapelo de las promesas de campaña, el gobierno de Cuitláhuac García recibirá un estado en situación de desastre.

No es, sin embargo, asunto meramente gubernamental: compete a la sociedad toda. El estado debe ser reconstruido, reconfigurado institucionalmente y la relación gobernantes-gobernados debe ser redefinida. El gobierno no podrá solo y, también, es sustantivo además de deseable no delegar por completo la responsabilidad en el gobierno por el serio riesgo de tentaciones autoritarias y omnímodas.

Por lo pronto, el actual gobierno deberá asumir sin regateos y con transparencia la resolución de la CNDH de reparar el daño a los pensionados y jubilados agredidos por los energúmenos a las órdenes del indecible gobierno de Javier Duarte, además de pagar a empresarios, claro.