Política

Fiscalía bloqueó investigación de desalojo y golpiza a pensionados, señala la CNDH

octubre 08, 2018

En la recomendación que emitió la CNDH al gobierno de Veracruz sobre la violación de los derechos humanos a jubilados y a dos periodistas el 23 de diciembre de 2015, durante el gobierno de Javier Duarte, también se registra que en 2017 la Fiscalía General del Estado bloqueó el trabajo de los investigadores de la CNDH, hay contradicciones en montos reportados al IPE y por parte de la Secretaría de Finanzas, las dos instancias registran cantidades diferentes y también la Secretaría de Seguridad Pública afirmó que había emitido sanciones administrativas a los elementos que participaron en la golpiza mientras que Contraloría del Estado señala lo contrario.

En la recomendación 32/2018 destaca una declaración hecha por una autoridad que marca la pauta de la violación de los derechos humanos a pensionados: "AR8, quien manifestó que "…tras no llegar a un acuerdo con los manifestantes…" AR10 "…nos indicó que abriéramos el flujo de vialidad, por lo que di la orden a mi personal de avanzar en línea para posterior abrirse hacia el lado derecho como izquierdo, trabajamos en coordinación de policía estatal que también se encontraban en el mismo lugar, por lo que juntos sumábamos un aproximado de 120 elementos lo que nos desplazamos…".

A partir de lo dicho, se desprende que hay autoridades que dieron la orden de desalojar a jubilados del IPE, pero no indica quiénes eran los mandos superiores que ordenaron la represión y tortura contra algunos pensionados, más allá del derecho violado a la seguridad social, a la libre reunión y a libertad de expresión. La recomendación deja entrever la corrupción del gobierno duartista.

La Secretaría de Finanzas indicó que para 2016 había hecho una transferencia al Instituto de Pensiones por 4 mil 911 millones mil 495 pesos. Sin embargo, en el desglose anexo se establece un total de 4 mil 656 millones 293 mil 926 mil pesos.

Adicionalmente a los anteriores conceptos en las transferencias realizadas en el periodo de 2015, en el informe de 2016 se detallaron rubros adicionales como "pago patronal al Instituto de Pensiones", "Instituto de Pensiones QNA…", situación que en el desglose de 2015 no se encontró.

El Decreto de Egresos del Gobierno de Veracruz se publica anualmente en la Gaceta Oficial. Los ejercicios 2015 y 2016 fueron publicados mediante los decretos 319 y 623, del 30 de diciembre de 2014 y 29 de diciembre de 2015, fijándose para ambas anualidades bajo el rubro de pensiones, 750 millones de pesos, información contenida también en uno de los informes de la Secretaría de Finanzas.

"Esta comisión nacional encontró que no existían coincidencias entre las cantidades informadas por ambas instituciones, pues el Instituto de Pensiones informó en relación con la aplicación de recursos que le fueron entregados en 2015 por la Secretaría de Finanzas, que ascendían a 5 mil 230 millones 389 mil 969 pesos y en 2016 a 5 mil 809 millones 551 mil 691 pesos. Asimismo, ninguna de las dos instituciones señaladas, fundaron y motivaron la razón de que existieran a lo largo de ambos periodos conceptos de transferencia de la Secretaría de Finanzas al Instituto de Pensiones por concepto de ‘anticipo’ a presupuesto".

También el 19 de abril de 2018, personal de esta Comisión Nacional acudió a la Fiscalía General, cuyo titular es Jorge Winckler, con la finalidad de conocer las acciones que la representación social de Veracruz realiza con el propósito de esclarecer los hechos por los que se vieron afectadas personas pensionadas de esa entidad federativa, en los hechos ocurridos el 23 de diciembre de 2015.

Se mencionó que la CNDH solicitó a la Fiscalía General su colaboración a fin de tener acceso a los expedientes del acta circunstanciada y de la carpeta de investigación 2.

La comisión refirió que no obstante haber esperado aproximadamente cinco horas para ser atendidos, la respuesta que proporcionó AR20 fue negativa e informó que AR18, en su calidad de superior, no le había instruido otra cuestión.

Así, hay una recomendación que recorre 15 días para ver si el gobierno de Miguel Ángel Yunes Linares acepta que en Veracruz el 23 de diciembre se violaron los derechos humanos.