Política

Yunes Linares y ex fiscal, pacto de impunidad

octubre 08, 2018

Desde un inicio se vio –y el tiempo lo va demostrando– que existió un pacto de impunidad entre el gobernador entrante Miguel Ángel Yunes Linares y el ahora ex fiscal general del estado, Luis Ángel Bravo Contreras, preso por desaparición forzada en Pacho Viejo, para que, sin escándalo, renunciara al cargo al que había llegado por el término de nueve años que, sin duda, tranquilamente hubiera podido permanecer más allá de los dos años del nuevo gobierno, sin embargo, prefirió no confrontarse, lo que hoy está pagando.

En la Constitución veracruzana está previsto y así lo consolida la Constitución Política del país, que el fiscal sólo puede ser destituido, después de haber protestado el cargo, si existe causa grave que lo implique, e incuestionablemente la Legislatura jamás habría probado una responsabilidad así, de lo que se concluye que llegó a un pacto con el gobernador para presentar su renuncia y antes nombrar a quien había fungido como el fotógrafo en la campaña del gobernador triunfante y ahora es el fiscal aparente.

Por ello, es elocuente la declaración que lanza Bravo Contreras de que es una canallada su prisión y arremete contra el sistema de impartición de justicia que prevalece en Veracruz, a partir de la llegada de Yunes Linares, con un fiscal a modo y jueces que se ufanan y presumen independencia judicial, cuando imponen la prisión preventiva oficiosa sin ton ni son, cuando la Corte Interamericana de Derechos Humanos señala que ese tipo de detención es el último de los recursos para garantizar que el imputado comparezca a juicio, porque existen cerca de diez o más medidas cautelares que se pueden aplicar, para que el proceso se lleve sin detenido.

En el contradictorio oral celebrado reciente, se acusa a los fiscales del gobernador de "cobardes, ignorantes, desleales, cómplices de delitos", porque los procesados son con base en el Código Penal que tenía vigencia en el momento en que supuestamente se cometieron los delitos y que, de acuerdo con la ley general en materia de desaparición forzada de personas, desaparición cometida por particulares del sistema nacional de búsqueda, en automático se derogan las disposiciones que se contrapongan.

En este marco de confusión se verá qué resuelven los tribunales federales y existe la esperanza que con la renovación del Poder Ejecutivo y la Legislatura, se serenen los ánimos y se busque, no el perdón y el olvido, a lo que se opone el gobernador en turno, sino que se cumpla exactamente, con la prudencia que da la serenidad, lo que mejor le pueda suceder a Veracruz y se espera que se agoten los escándalos y que no se dé señalamientos contra el gobernante que se va, si es que no existen, como lo afirma Yunes Linares contra los actos de corrupción.

Todo esto último está en duda, si se observa que en el caso de los bandidos que encabezó Duarte de Ochoa no ha existido claridad ni observancia a la ley de presupuesto y responsabilidad hacendaria en la que, en el irresponsable manoseo, el rescate de los bienes y recursos, no se le reintegró a la federación para que dictaminará lo procedente, sino que, de manera impune, se entregaron al gobernador cuando no es lo correcto, pero en fin, ahí se verá como diría el ciego, que resulta después de la renovación gubernamental.

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