Política

AMEUC (alias TLCAN 2): una evaluación a botepronto

octubre 02, 2018

Después de haber fracasado en concluir la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) dentro de las fechas límites que los tres países se auto-impusieron en más de tres ocasiones, el último día de septiembre México, Estados Unidos y Canadá finalmente consiguieron anunciar el cierre de este proceso, abierto en agosto del año pasado y que se extendió nueve meses más de lo originalmente contemplado (el calendario original establecía que el nuevo acuerdo debía tenerse listo para diciembre de 2017). El día en cuestión era el último para que Estados Unidos y Canadá zanjaran sus diferencias puesto que, de lo contrario, México y Estados Unidos estaban listos para hacer público lo que acordaron bilateralmente hace un mes y avanzar por esa senda en caso de que Canadá decidiera no incorporarse. Al final, el nuevo acuerdo se mantendrá trilateral, y ha sido oficialmente anunciado con el insípido nombre de Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá – AMEUC, aunque no es todavía un acrónimo oficial, y USMCA en inglés.

Ríos de tinta ya se están escribiendo para analizar el contenido específico del acuerdo que fue liberado a la opinión pública en las primeras horas de octubre, a pesar de que desde semanas antes ya se sabían algunos elementos generales sobre los temas más contenciosos – la famosa cláusula de terminación, las reglas de origen para el sector automotriz, etc. Por el momento, sin embargo, me interesa quedarme en un plano aparentemente más superficial pero que creo esconde implicaciones interesantes sobre el acuerdo que se perfila para ser el sucesor del TLCAN – dependiendo de la opinión de los tres poderes legislativos, y especialmente del estadounidense. Se trata del nombre y el índice del texto.

Con respecto al cambio de nombre, la razón que primero salta a la vista sería el interés declarado de Donald Trump por deshacerse del concepto TLCAN (NAFTA en inglés) en vista de su toxicidad política en la arena pública estadounidense, así como la promesa de campaña de terminar con "el peor acuerdo comercial en la historia de Estados Unidos". Se pudieron ensayar diversos nombres para darle gusto a Trump, y sin embargo, se optó por el ya referido "Acuerdo México-Estados Unidos-Canadá". Y de ese nombre al menos dos cosas saltan a la vista. La primera, la sustitución de "América del Norte" por "México-Estados Unidos-Canadá". En lugar de una región, se habla de tres Estados-nación. Es cierto que América del Norte es y seguirá siendo una realidad geográfica, pero parece que ya no un proyecto de integración regional. Se trata de un cambio que hoy puede parecer cosmético, pero que en realidad es profundo e importante.

El segundo aspecto relevante derivado del nombre del acuerdo es la omisión de la expresión "libre comercio". Una vez más, está la tentación de pensarla como un pequeño cambio cosmético para darle gusto a Trump, quien no profesa aprecio alguno por la idea del libre comercio. Pero también aquí creo que hay implicaciones que van más allá. Algunos de los análisis preliminares del contenido del acuerdo señalan como características notables el hecho de que se estableció un tope a las exportaciones automotrices que México y Canadá podrán enviar anualmente a Estados Unidos, y que no se resolvió el conflicto sobre los aranceles al acero y aluminio que actualmente está cobrando Estados Unidos a las importaciones provenientes de sus socios vecinos. Es decir, el acuerdo se perfila como uno para regular más que para liberalizar el comercio.

Mención aparte merece la inclusión en el índice de un capítulo nuevo, brevísimo, pero con el título más largo de todos: "8. Reconocimiento de la Propiedad Directa, Inalienable e Imprescriptible del Estado Mexicano sobre los Hidrocarburos". Con un único artículo, este capítulo garantiza que Estados Unidos y Canadá reconocen el derecho de México a reformar su constitución y leyes internas, así como "la propiedad directa, inalienable…" del Estado mexicano sobre estos recursos. Algunos críticos dirán que es innecesario que en un acuerdo internacional se explicite el reconocimiento de la soberanía de un Estado, puesto que se trata de un principio fundamental de las relaciones internacionales y la base sobre la cual se construye cualquier tratado internacional. Sea como fuere, la importancia simbólica que los hidrocarburos tienen para la narrativa histórica mexicana (a ello me referí en otro texto: https://goo.gl/m4QYLK) y para el proyecto material del futuro gobierno de López Obrador quedan patentes en la inclusión de este capítulo, que a su vez demuestra cómo, después de todo, el presidente electo sí tuvo la injerencia suficiente en las postrimerías de la negociación para conseguir una garantía que podría serle importantísima en el mediano plazo.

Con el anuncio de la conclusión de las negociaciones norteamericanas concluye una larga etapa de incertidumbre para las economías de la región. Pero inicia otra, pues no hay que olvidar que lo acordado debe todavía pasar por un Congreso estadounidense (también por los de Canadá y México, pero en ninguno de ellos se anticipa turbulencia) que está por ser renovado en las elecciones intermedias de noviembre próximo. Entretanto, y sin mucho alarido, parece que el proyecto de integración regional norteamericano abandona el escenario por la puerta de atrás, después de más de una década de un notable deterioro. Porque el tránsito del TLCAN al AMEUC (o como se termine llamando) es también la resignación ante el fracaso de una ambiciosa idea de largo plazo, y su sustitución por un simple y llano contrato de negocios.

Twitter: @jesevillam