Política

Herida abierta

septiembre 18, 2018

El gobierno de Miguel Ángel Yunes tiene un problema que no tiene forma de contener o siquiera paliar: la seguridad pública, específicamente en materia de desapariciones. No sólo por el surgimiento de campos sembrados de enterramientos clandestinos de cientos de víctimas de desaparición por parte del crimen o por fuerzas del propio Estado, sino por el constante desencuentro del gobierno con la sociedad, particularmente con aquella con cierto nivel de organización.

Es el caso del firme impedimento gubernamental al colectivo Solecito al campo de fosas clandestinas Arbolillo, hallado en el municipio de Alvarado.

La noticia del campo se hizo pública en un claro hecho de administración del conflicto porque se sabía desde hace meses la existencia de ese campo. Solecito lo había denunciado muchos meses antes, cundo las autoridades unilaterlamente decidieron ya no seguir buscando en él. Hecho que por sí solo sugiere la administración del gobierno respecto al problema. Que desde la visión gubernamental no sólo es posible sino hasta recomendable. Lo que en absoluto significa que sea correcto. Todo lo contrario. Al manipular o dosificar la información, la administración vulnera los derechos de las víctima y sus familiares. Las revictimiza. Lo cual es absolutamente reprobable. Despreciable.

La sociedad tiene el derecho de saber y seguir de cerca las tareas de la autoridad, la autoridad no tiene ninguna razón racional para impedir la presencia del colectivo al campo y aprovechar su experiencia y experticia.

Es claro que esas rudimentarias sutilezas en la relación gobernantes gobernados, la administración panista carece de elementos para entenderlas, acostumbrados exclusivamente a apelar a argumentos de autoridad o a la llana descalificación. Es un error acumular agravios frente a una sociedad en ascenso tanto en sus forma de expresión como de organización y trato con el gobierno, justo en el tiempo en que el Presidente electo y funcionarios que serán clave en su gobierno se reúnen con colectivos y familiares en la búsqueda de sus desaparecidos, y en donde Alejandro Encinas, próximo subsecretario de Gobierno, indica la dimensión de la responsabilidad de las administraciones vigentes por las que México vive una catástrofe humanitaria no tanto por debilidad crónica del Estado, sino por ausencia deliberada de éste.