Política

Momento

agosto 21, 2018

Ante la inminencia del cambio de gobierno y el probable inicio del restablecimiento institucional, es casi de esperarse que los beneficiarios del régimen menguante apelen a todo para extender sus concesiones y tratos preferenciales. De ahí las últimas decisiones del gobierno federal de bloquear decididamente las investigaciones sobre la infamia Ayotzinapa y liberar la veda sobre cientos de cuencas hídricas. Grupos organizados de la sociedad civil promovieron amparos pero son aún de futuro largo e incierto.

Las nuevas autoridades traerán una agenda cargada, determinada por ellas y que puede coincidir, o no, con algunas motivaciones ciudadanas.

El gobernador electo ha hecho explícita su sintonía con preocupaciones ciudadanas y tiene un cómodo margen de confianza. Está por verse la información que decante del largo interregno del proceso de entrega recepción.

Parece bastante claro que los poderes fácticos interesados harán uso de todo recurso legal –y presumiblemente también ilegal– para colar y extender sus ganancias. De ahí lo inquietante del reciente procesamiento de Conagua de 400 solicitudes de concesiones de agua en 100 ríos del país.

Es muy claro el interés público de atajar a los privatizadores y dadores de concesiones. Esto es además de una causa de movilización, una responsabilidad igualmente ciudadana. Alrededor del tema hay ya una sociedad organizada y visible desde hace años, y que es de esperarse también se movilice para urgir a las autoridades a instrumentar a la brevedad decisiones públicas medioambientales que son urgentes, y su instrumentación extiende la educación y conciencia medioambientales. Hay una agenda saturada.