Política

Indiferencia criminal

agosto 19, 2018

Luego de 12 años de obtusas instrumentaciones de políticas de seguridad pública, los gobiernos panistas que las iniciaron y los priístas que las continuaron pagarán los costos de tener que reeducarse, además de los electorales.

Parece haber una auténtica dificultad en los gobiernos recientes para sintonizar con las preocupaciones y necesidades públicas. Son más frecuentes los desplantes de desprecio por los reclamos populares que los esfuerzos por entender los problemas de los gobernados. Las consecuencias de eso casi pueden tocarse con la mano.

La agenda gubernamental de procuración de justicia ha sido acotada casi exclusivamente por la revancha. La impunidad sigue intocada con todas sus implicaciones.

Hace varias semanas que un médico se encuentra desaparecido, su familia denuncia que la Fiscalía del estado ha sido omisa en las investigaciones, que todo avance habido no obedece al trabajo de las autoridades sino a las investigaciones que realiza la propia esposa del médico. Una infamia que se repite hasta la saciedad en el estado. La situación empeora y se hace más difícil de procesar por el caso de la diputada federal electa por el PRD, también secuestrada pero liberada hace un par de días luego de 36 horas. Si en ello hubo pago de rescate o no, está aún por saberse. Lo que es claro es que la Fiscalía desempeñó un papel importante en el resultado, por la sencilla razón de que el PRD y el PAN son cogobernantes.

La ciudadanía no goza de esos privilegios y eso es infame. Especialmente por la reiterada promesa del gobernador Yunes Linares de resolver el galimatías de la seguridad pública en unos cuantos meses. No solamente no lo resolvió, sino que la indiferencia por el dolor y vicisitudes de los gobernados sigue inalterada. Dicho de otro modo, los gobernantes tienen un muy serio problema de falta de empatía y nulo conocimiento de las necesidades y reclamos públicos. Básicamente porque no les interesa. Indiferencia criminal se le llama a eso porque más allá de la incompetencia, las autoridades de la Fiscalía del estado le han negado incluso a la familia los videos de las cámaras de vigilancia de la zona donde fue secuestrado el médico.