Política

El reordenamiento de transporte, un calvario para los concesionarios

agosto 04, 2018

Coatzacoalcos, Ver.- A cuatro meses de que concluya la administración de Miguel Ángel Yunes Linares, el reordenamiento del transporte público ha sido un fracaso en términos de eficiencia, principalmente por la centralización de los trámites, el "tortuguismo" del personal para realizar los movimientos en las concesiones y la corrupción que impera en las delegaciones de Transporte y Hacienda, donde han emplacado unidades que están fuera de norma. Para los concesionarios, el objetivo de este programa sólo tuvo el fin de recaudar dinero y no de hacer más eficiente el servicio.

El 31 de julio concluyó el reordenamiento vehicular, el cual no logró regularizar todas las unidades de servicio urbano y de taxis, a pesar de que los transportistas habían aceptado en un principio este programa.

Aunque el Gobierno del Estado ha señalado que fue exitoso, los concesionarios siguen quejándose por el ineficiente trabajo que se hizo en la Dirección de Transporte.

Rafael Escobar, director de dicha dependencia, dio a conocer que lograron empadronar 81 mil 254 prestadores de servicio y 76 mil choferes, quedando pendientes 12 mil 467 procedimientos de los cuales hay 7 mil que no registraron vehículos ni conductor.

A partir de agosto, los transportistas podrán regularizar sus unidades pero sin derecho a la recuperación del pago del ordenamiento que prometió el gobernador Miguel Ángel Yunes antes del proceso electoral.

Por el contrario, para los concesionarios las cifras presentadas por el gobierno son mentiras, ya que estiman que al menos unos 40 mil están fuera del reordenamiento por haber quedado entrampados en los trámites burocráticos que exigía la Dirección de Transporte, los cuales hasta la fecha no se han podido liberar.

En una reunión sostenida con el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez, representantes de este sector de varias regiones del estado enumeraron un rosario de quejas sobre el programa de reordenamiento e insistieron en que sólo tuvo un fin recaudatorio.

A unos días de haber terminado este programa, señalaron que no hay plataforma digital para consultar los datos de cada concesionario y los choferes, con lo cual no se logró resolver el problema de inseguridad que le manifestaron al gobernador al inicio de su administración.

Víctor Manuel Conde, uno de los líderes que participó en esta reunión, señaló que desde el inicio del gobierno de Veracruz, éste los ha tratado como delincuentes, criminalizándolos por la ola de violencia en algunas regiones, y los obligó al cumplimiento de requisitos que estaban fuera de toda proporción.

Refirió que todos los trámites los hace la Dirección de Transporte en la capital del estado y es oneroso para ellos trasladarse para hacerlos, además de que no les validaron documentación expedidas por notarios.

Jairo Bonero, transportista de Los Tuxtlas, dijo que estiman que más de 22 mil concesionarios no pudieron avanzar en su gestión, ya que algunos enfrentan juicios sucesorios o en procesos de transferencia de derechos.

En este sentido, mencionó que el Reglamento de Transporte, en su artículo 166, no especifica qué tipo de documentos serán válidos para la transferencia de derechos y en este procedimiento la dependencia estatal no les aceptó poderes notariales y obligó a llevar a los módulos a los concesionarios adultos mayores, incluso, enfermos.

Otra de las quejas que se presentaron en la reunión fue la centralización de todos los trámites en Xalapa, además de que la dependencia encargada debe ser eficiente y que pueda efectuar todos los procedimientos en horas, ya que es un proceso dinámico.

Por ello, pidieron a la próxima administración la descentralización de la dependencia en cinco regiones, que les permita a ellos cumplir con los trámites en ciudades cercanas y resolverlos de manera inmediata.

Corrupción en el ordenamiento

Aunque muchos concesionarios concluyeron el trámite de ordenamiento, muchos no cumplen con las especificaciones para prestar el servicio, pero pagaron "moches" en las subdelegaciones y oficinas de Hacienda para que los dejaran trabajar.

En las oficinas de Transporte, todas las unidades pasan un primer filtro. En éste son revisadas de manera externa que no tengan ningún problema mecánico, que cumplan con las verificaciones y además traigan botiquín de primeros auxilio, extintores y llantas de repuesto en buen estado.

De ahí, son enviadas a las oficinas de Hacienda del Estado donde nuevamente tienen que ser verificadas y deben cumplir con los requisitos de identificación que marcan el reglamento.

En los dos filtros, se dan los "moches" para que las unidades puedan seguir prestando el servicio sin ser molestados; estos pagos van de 200 a mil pesos, de acuerdo con la rapidez con la que quieran ser atendidos.

En el caso de los camiones, muchos de ellos están en mal estado y tienen más de los 12 años de vida útil que especifica el reglamento para circular.

De acuerdo con transportistas consultados, por ejemplo, en el sur del estado están circulando unidades que fueron adquiridas en la Ciudad de México, donde habían sido retiradas del servicio por estar en mal estado.

Muchos de estos camiones presentan problemas de corrosión, mecánicos y de seguridad, como para prestar el servicio, lo cual es evidente para la población que los usa de manera diaria.

Secundino Reynaga Romero, líder del transporte urbano, indicó que en el 2000 se hizo el último reordenamiento en forma en la administración de Miguel Alemán y se logró cambiar 60 por ciento de las unidades con apalancamiento del gobierno.

Dijo que se requiere un programa de renovación de unidades, para que además puedan implementarse los programas de vigilancia y seguridad.

En el caso de servicio de taxi la situación no es muy diferente, pues circulan unidades con asientos y piso roto, y con problemas mecánicos.

El reglamento señala que estas unidades deben ser color blanco con franjas continuas en color rojo; pero muchos de ellos son rojos con las franjas blancas; aun así, fueron emplacados.

Se revisará el reordenamiento, anuncia el gobernador electo

En la reunión que sostuvo el gobernador electo Cuitláhuac García Jiménez con los transportistas, se acordó detener el ordenamiento para revisar qué se hizo bien y qué se puede mejorar, además de solucionar los problemas legales que tienen algunos concesionarios.

Recibió la solicitud de este sector, de establecer cinco ventanillas únicas donde se pudieran hacer los trámites y establecer mesas de trabajo con diputados para la actualización de la Ley 589 y unificar tránsito con seguridad vial.

Asimismo, una de las promesas de la próxima administración estatal será acabar con los abusos de las empresas de grúas, los cuales cobran más por el arrastre que la propia multa de tránsito.