Política

Corrupción como forma de gobierno

julio 12, 2018

Durante el primer gobierno de la alternancia veracruzana se dieron las condiciones propicias para que se aplicara prácticamente todo el catálogo de actividades que pudieran establecerse como propias de la corrupción gubernamental. Ello resulta particularmente lesivo para las instituciones cuando una de las principales demandas ciudadanas y que hizo posible el cambio de partido gobernante en el 2016 fue precisamente el combate a la corrupción y a la impunidad.

Por desgracia, el actual gobierno panista-perredista sólo se aplicó a perseguir a la horda de ex funcionarios del gobierno de Javier Duarte identificados como pergeñadores de histórico abuso del poder, mientras por otra parte, echaba a andar las mismas prácticas ilegales y fraudulentas.

Es cierto, se trata de un problema generalizado en todas las estructuras políticas y empresariales también. De hecho, el país ocupa el lugar 103 de 175 naciones consideradas dentro del Índice de Percepción de la Corrupción y su resolución requerirá de una profunda transformación estructural, pero también de una nueva mentalidad de quienes lleguen a ocupar cargos de decisión en la administración pública.

Transparencia Internacional considera además que los sectores productivos que han resultado ser más propensos a caer en prácticas de corrupción son la industria de la construcción, las que impactan el medio ambiente, el sector farmacéutico y la exploración de minas y yacimientos.

Sin tan siquiera profundizar en el diagnóstico, y en una revisión basada en lo que ha sido publicado en los medios de información –faltaría ver lo que arrojen las auditorías formales una vez que inicie la entrega de la administración saliente–, es fácil apreciar que en efecto cada uno de tales aspectos antes mencionados han pasado por el tamiz de la esfera gubernamental.

Como ejemplos se encuentran la asignación de contratos para prestación de servicios y obra pública a empresas de reciente cuño, muchas de ellas asociadas o propiedad de políticos panistas como sucedió, notablemente, con aquellas propiedad del dirigente estatal del PAN, José de Jesús Mancha, pero falta escarbar en todo lo que pasó por las manos del presidente del JUCOPO de la Legislatura del estado, Sergio Hernández; o la facilitación de permisos para la introducción del gasoducto en Xalapa y Emiliano Zapata, pero sobre todo es en el sector farmacéutico donde el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares tiene una cuenta pendiente durante su paso por el Issste, y que replicó en Veracruz con sus mismos socios de negocios y funcionarios operadores financieros.

Es sabido cómo el propio gobernante daba cuenta de sus logros personales en materia de inversión en salud como eje de su principal política pública a la que destinaba pingües cantidades; la razón de ello comienza a verse por cuenta de la Auditoría Superior de la Federación (ASF).

Por tal motivo, no sólo está por establecerse la transparencia en la asignación de contratos para la masiva compra de medicamentos en la Secretaría de Salud estatal, o para la reconstrucción o culminación de clínicas y hospitales dejados a medio terminar por el gobierno anterior, sino que tal y como se publica en la edición de hoy, la ASF determinó irregularidades en el informe parcial de la cuenta pública del 2017 relacionadas con pagos a personal fantasma que no se ha podido justificar y también intereses generados a favor del gobierno estatal de los cuáles nada se sabe.

El órgano de fiscalización federal apenas comenzó a revisarle las cuentas a la administración estatal y con toda seguridad habrá enormes sorpresas.