Política

Violencia redundante

julio 08, 2018

La violencia contra las mujeres es un gravísimo problema en el estado. No sólo por la escandalosa cifra de crímenes contra las mujeres, sino por la desalentadora impunidad en la que permanecen la abrumadora mayoría de esos casos.

Un problema que afecta a la totalidad de los veracruzanos. La mayoría de ellos genuinamente preocupados por el comportamiento social permisivamente violento en contra de las mujeres. Dicho de otro modo, una sociedad misógina, que por acción u omisión, no ha hecho lo suficiente para exigir a las autoridades resultados aun cuando fueran limitados. Pero el caso es que son, dicho con brevedad, nulos.

El feminicidio, la manifestación extrema de violencia contra las mujeres, se instaló en Veracruz de una forma que desde hace tiempo exige la atención completa de las autoridades. Ha sido severamente denunciado por defensores de derechos humanos, mujeres organizadas y organismos multilaterales; todos exigen al gobierno la observancia y el apego gubernamental a las convenciones internacionales que establecen la obligatoriedad de los Estados a sancionarla y erradicarla.

Pero este gobierno ha preferido, como los anteriores, ignorar y heredarlo al siguiente. Hay razones para pensar que esta administración ha sido deliberadamente limitada en el caso de los feminicidios.

Desde que en 2006 el gobierno desatara la violencia generalizada, los feminicidios se multiplicaron. Eso sugiere una asociación directa entre la violencia, el odio a las mujeres y la descomposición del tejido social. Lo que se exhibe no sólo en el hecho inapelable de la muerte, sino en el desinterés de la representación social política de los diputados para legislar, sin regateos, sobre los derechos reproductivos de las mujeres.

Un gobierno que ya sea por franco desinterés o por mera gazmoñería, dejó de distribuir desde hace lustros los anticonceptivos que precisan las mujeres para evitar embarazos indeseados.