Política

ONU: 46% de detenidos se declara culpable tras ser torturados en el MP

junio 29, 2018

Orizaba, Ver.- La tortura es la práctica dominante que el gobierno federal aplica en sus centros de detención del país. Se calcula que 46 por ciento de los detenidos en los ministerios públicos federales y del fuero común son sometidos a presiones psicológicas y corporales para que asuman la responsabilidad en la comisión de delitos que probablemente no cometieron, según dio a conocer un estudio de la oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas en México.

De acuerdo con dicha oficina organismo que "rechaza la utilización de la tortura como método de investigación criminal, y que condena su aceptación y tolerancia como medio para extraer confesiones", nuestro país se mantiene en los primeros lugares de torturas en contra de sus detenidos.

Esta práctica, apunta, "no significa haber probado su culpabilidad, significa haber vencido su capacidad para resistir el dolor. Resultan anacrónicas y reprobables las expresiones públicas que aceptan las confesiones extraídas mediante tortura y con base en ellas dan por hecho la culpabilidad de un delito a quienes la han sufrido", se da a conocer en un estudio realizado por este organismo.

Sus argumentos igual se sustentan en la Encuesta Nacional de Población Privada de la Libertad, de 2016, del Instituto Nacional de Geografía y Estadística, cuyos datos señalan que "46 por ciento del total de personas que declararon ante el Ministerio Público tras su detención dijeron haber recibido algún tipo de amenaza o agresión para dar otra versión de los hechos".

"Resulta inconcebible que en las cárceles mexicanas existan tantas personas doblemente arrepentidas; primero supuestamente se arrepienten ante la autoridad que les investiga por la comisión de un delito y posteriormente se vuelven a arrepentir de la autoincriminación que realizaron inicialmente. Este doble arrepentimiento se explica fundamentalmente por la comisión de la tortura y la ausencia de salvaguardas legales efectivas", señala el texto.

Ante los hechos, se hace la recomendación de que la autoridad mexicana "debe excluir todas las pruebas obtenidas mediante tortura u otros malos tratos. Son pruebas inválidas. La tortura no hace a una persona culpable o inocente de un delito, la hace víctima de un delito. La privación de la libertad de cualquier persona debe descansar exclusivamente en la existencia de evidencias suficientes, obtenidas de manera legal y que acrediten su responsabilidad en estricto apego al principio de presunción de inocencia".

La carga de probar dicha responsabilidad, se precisa, "corresponde al Estado, que se debe sujetar siempre a lo que dicta la ley", la ONU-DH recuerda que cuando una persona manifieste que su confesión ha sido obtenida mediante tortura corresponde al Estado demostrar que la confesión fue realizada de manera voluntaria, de lo contrario dicha prueba debe eliminarse".

El uso de la tortura, reitera, "socava la credibilidad y la confianza en las autoridades y en el sistema de justicia. Su comisión, además, propicia una doble injusticia al permitir que por el delito que se investiga pague una persona que podría no haber cometido el crimen en cuestión y quien además ha sido victimizada cruelmente. Son los torturadores quienes deben enfrentar un proceso o estar recluidos purgando una pena, no las víctimas de tortura. Los primeros han violentado los derechos humanos, los segundos han sido violentados en su dignidad y merecen una justa reparación".