Política

El enemigo en casa

junio 20, 2018

El decidido rechazo de los pobladores del municipio de Alto Lucero sumado al de Actopan en contra del poyecto minero de Caballo Blanco es harto esperanzador para los veracruzanos.

Suma varios años de resistencia ciudadana que, al igual que el caso de la represa sobre el río Pescados que aún pretende la probadamente corrupta Odebrecht, ha logrado detener desarrollos altamente disruptores del tejido social y del medio ambiente. Se dice fácil, pero tiene su grado de dificultad resistir cohesionadamente la fuerza corruptora o las amenazas de empresas que no tienen mayores consideraciones para contratar la capacidad persuasiva de sicarios. Se han documentado muchísimos casos mundialmente.

Hace un par de días el municipio de Actopan tambien manifestó su completo rechazo. Es preciso que la sociedad acuerpe a los resistentes; lo ha hecho hasta ahora pero es previsible que, enfilados hacia un cambio de régimen en el país y probablemente en el estado, las presiones sobre los pobladores se incrementen.

Tanto la minera canadiense, Gold Group, como Odebrecht no quitan el dedo del renglón en espera de tiempos mejores. Cosa que se antoja improbable independientemente de que haya o no un cambio de régimen, la sociedad está organizada e informada. Algo difícil de vencer si se mantiene así y acuerpada por el resto de la sociedad.

El asunto no es menor. El gobierno de Enrique Peña Nieto, acaba de levantar, con generosa dósis de humor negro, la condición de bien público para el uso del agua en diversas cuencias del país. Esto es, justo en el Día Mundial del Medio Ambiente privatizó el uso del agua en beneficio de: empresas mineras, empresas refresqueras, cerveceras y petroleras. Éstas ultimas desde luego para propósitos de extracción por fracking, en la friolera de 300 cuencas hidrologicas. La mitad de la cuencas hidrológicas del país.

Es clarísima la polaridad de la decisión. Se busca el beneficio de poderosas empresas y se anteponen los intereses de éstas al interés público.

Hay muchas experiencias nacionales y mundiales respecto a los decretos de interesada permisividad firmados por EPN. Todas con muy altos costos sociales y medioambientales.

Pero tambien es cierto que una sociedad alertada y organizada puede parar la insania empresarial y la abyeción gubernamental. Al tiempo.

El gobierno, ante la certeza de su derrota, firma decretos y compromisos a fn de condicionar al futuro gobierno. Pero más allá de la mezquindad y de los cursos de corrupción implícitos, es claro que la sociedad tiene la fuerza y cada vez más, la organización para pararlos.