Política

Furor y ambición política atracó a Yunes Linares

junio 14, 2018

El fuero de un servidor público nunca ha sido impedimento para encarcelarlo o sancionarlo penal y administrativamente, sólo se requiere que exista voluntad política o bien que, sólo se le quiera, antes que nada, causarle un tortura mental o corporal, lo que es condenado internacionalmente, aunque en nuestro país, por ser el más corrupto del mundo, se dan todo tipo de venganzas y triquiñuelas, pues donde no existen los escrúpulos jamás se puede para presumir de honestidad, sin explicar ni justificar sus riquezas, luego es fácil ¡al ladrón, al ladrón!

Está visto en Veracruz que el gobernador dos añero, Miguel Ángel Yunes Linares, llegó con la espada desenvainada para causar un daño moral o tortura psicológica a todo aquel que sirvió tanto al gobernador Fidel Herrera Beltrán, quien presumió que sería un "gobierno de resultados" y de Javier Duarte, que anunció que "lo mejor estaba por venir", y ya se vio que en ambos sus "resultados y lo "mejor por venir", sólo fueron un lema de campaña, y hoy se repite la historia cuando el candidato del frente, por añadidura hijo del gobernador en turno, habla de que él sí dará "resultados", en tanto Cuitla es de "ocurrencias"; que ya se verá como decía el ciego.

Con el pretexto del fuero, la fiscalía del estado demostró o su incapacidad plena o el plan con maña para sacar tajada, pues cuando existen datos, medios de prueba y pruebas que son incuestionables, el juicio político procede y se libera el fuero, pero si no logró ese propósito es porque la incapacidad de la investigación no resistió el menor análisis y ya se vio que cuando al hijo del gobernador, como presidente municipal de Boca del Rio, Duarte lo quiso destituir y procesar, con un amparo simple, ante el procedimiento incorrecto, se echó abajo, sólo por no estar informado de la investigación y lo mismo ha sucedido con todos los diputados federales duartistas, que si bien se afirma que están operando a favor del gobierno por vía de mientras, pronto pondrán tierra de por medio.

En el mar de trastupijes, se dice que es el gobernador quien personalmente ha recibido con criterio de oportunidad, cual fiscal en ristre, los bienes mal habidos y los recursos de: Alberto Silva Ramos, Tarek Abdalá, Edgar Espinoso, Alberto Mota, Jorge Carballo y Erik Lagos, de quienes se afirma, sin prueba de lo contrario, que negociaron directamente con el gobernador, y lo mismo se dice de Vicente Benítez, que mediante negociación con aquel que fue secretario particular de Yunes en la Secretaría de Gobierno, jefe de la policía particular en el estado y director del penal de Puente Grande, Jalisco –de ahí se fugó el Chapo Guzmán–, y ahora secretario de Educación del estado, Enrique Pérez, de quien es paisano y amigo de familia; en tanto que Juan Manuel del Castillo, se dice que delató el sitio de la bodega donde Karime decía "merecer abundancia" y así por el estilo.

Elocuente es el caso de García Guzmán, ex contador, a quien el ex auditor de la Fiscalía de la Federación señaló recientemente que debería estar en la cárcel, por ser el responsable de los desvíos de recursos, sin embargo, es el que opera –con sus hijos en Pánuco, donde ha sentado sus reales–, para que el junior llegue al gobierno del estado.

Fuera de lo anterior ha sido la amenaza lo que ha llevado al gobernador a presumir los éxitos inexistentes, sin embargo, no debe olvidar que los actos de tortura contra varios servidores públicos han sido elocuente, pues en sus detenciones –si son o no responsables se sabrá más temprano que tarde–no se ha observado el protocolo de Estambul, cuyo manual para investigar los delitos es sumamente exigente, porque a nadie se le puede exponer a penas inhumanas y degradantes, a nadie se le puede infringir intencionalmente dolores o sufrimientos graves, con el fin de obtener de ella o de un tercero información o confesión de castigarla por un acto que haya cometido o se sospeche que ha cometido.

Si en el caso de Veracruz ha sido la coacción o la tortura, o cualquier razón basada en algún tipo de discriminación que les han infligido por un funcionario público u otra persona en el ejercicio de sus funciones a instigación suya, o con su consentimiento o aquiescencia, por ese protocolo que ha sido firmado por más de 188 países, entre ellos México, al final de la jornada habrá consecuencias duras y serias, pues el caso de Ayotzinapa es enigmático y ha evidenciado que la Procuraduría General de la República carece de capacidad de investigación, de ahí que puede ocurrir lo mismo en Veracruz cuando se exija conocer la verdad real, no la formal que anuncia el gobernador, sobre todo, ante tanto protagonismo que ha sido palmario y evidenciado que, no existe una fiscalía independiente, y que se ha abusado de las prisiones preventivas.

limacobos@hotmail.com / Twitter:@limcobos1