Sociedad y Justicia

Contrastan datos con protección a periodistas argüida por Yunes: en fiscalía, rezago de 90%

junio 08, 2018

Coatzacoalcos, Ver.- El gobernador Miguel Ángel Yunes Linares defendió los nulos resultados de la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias que involucren Periodistas y/o Comunicadores, dijo que todos los casos ocurridos en su administración han sido resueltos, aunque en un solo expediente hay un vinculado a proceso; el informe publicado por la Comisión Estatal Para la Atención y Protección a los Periodistas (Ceapp) señala que el rezago de esta fiscalía tanto en los asesinatos y agresiones es de 90 por ciento.

En entrevista con medios de comunicación, el mandatario estatal felicitó a medios de por el Día de la Libertad de Expresión y dijo que en su minigobierno ha mostrado respeto a los derechos constitucionales en este rubro.

"Me guste o no lo que escriban, lo que pongan, soy respetuoso y así continuará mi gobierno, les deseo que tengan un feliz de junio, es un día que se tiene que conmemorar todos los días, el gobierno del estado ha estado dando información y abriendo las puertas; la disposición del gobernador de estar con los medios contribuye a fomentar esto".

Cuestionado sobre los nulos resultados que tiene la fiscalía especializada, dijo que de los casos que se han tenido en Veracruz, todos se han esclarecido.

Puso como resuelto el asesinato de Ricardo Monlui, periodista muerto el 19 de marzo de 2017 en Yanga, sin embargo, en este caso sólo fue vinculado a proceso Ángel "N" alias La Paloma y no se le ha sentenciado ni se tiene claro el origen de la agresión. Esta detención se registró por señalamientos de un testigo y no por una investigación de la fiscalía.

De los otros casos de reporteros asesinados en Veracruz, dijo el gobernador: "no eran compañeros de los medios y por el contrario, contarlos como tales afectaría la imagen de los propios medios".

Se trata del asesinato de Cándido Ríos, ocurrida en Hueyapan, quien se encontraba afuera del Oxxo con el ex inspector de la policía de Acayucan Víctor Acrelio Alegría, a quien se le vinculaba con un grupo delictivo; aunque el mandatario no lo contabiliza como reportero, así fue reconocido por el mecanismo federal de atención a periodistas, donde se documentaron las agresiones que sufrió desde el año 2015.

Otro de las casos que no se reconocen como asesinatos de los periodistas, se encuentra el de Gumaro Perez Aguilando, el reportero del portal de La Voz del Sur, quien además informaba de eventos deportivos desde su cuenta de Facebook.

Aunque el día de la ejecución de Pérez Aguilando, 19 de diciembre de 2017, el gobernador lo reconoció como reportero, la fiscalía especializada reportó que tenia "nula actividad" y dijo que tenía vínculos con grupos delictivos, lo cual originó su agresión.

De los dos expedientes no se tienen avances, no se ha vinculado a ninguno de sus agresores y están en proceso.

Tampoco se han esclarecido el asesinato del periodista hondureño Edwin Rivera Paz y el de Leobardo Vazquez Atzin.

Los datos que presentó la Comisión Estatal Para la Atención y Protección a los Periodistas señalan que la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales y en la Atención de Denuncias que involucren Periodistas y/o Comunicadores, encabezada por Jaime Cisneros Gómez, se han presentado 242 denuncias en 2017 y lo que va de 2018, donde el avance ha sido nulo.

El informe señaló que la fiscalía acordó la celebración de mesas de trabajo en diversas regiones del estado y en conjunto con los periodistas, a propuesta de la Comisión, para desahogar las averiguaciones previas y carpetas de investigación, éstas sólo se celebraron en los municipios de Córdoba, Coatzacoalcos, Veracruz y Poza Rica, entre los meses de agosto y septiembre de 2017, suspendiéndose las previstas en Xalapa, Martínez de la Torre, Acayucan, San Andrés Tuxtla y Tierra Blanca, sin que se informara el motivo.

Además la instancia especializada se niega a entregar copia de declaraciones y de expedientes a periodistas que comparecen ante la misma a presentar denuncias y siendo omiso igualmente en el acorde de las solicitudes por escrito.

"Esta práctica no sólo dificulta la identificación, el rastreo y seguimiento de los expedientes, tanto para los propios comunicadores como para la Comisión, sino que viola disposiciones constitucionales, del Código Nacional de Procedimientos Penales y de la Ley General de Víctimas".

La Ceapp está en proceso de trámite de diversos amparos con la finalidad de que la autoridad cumpla con las obligaciones que tiene por ley respecto de las víctimas periodistas, proceso que será largo.

De las 112 averiguaciones previas, donde la Ceapp apoya con asesoría jurídica, a solicitud de información de la Comisión, se ha respondido en 95 casos. Pero la respuesta, además de incompleta es escueta.

De los 12 casos de homicidios de periodistas en activo y de tres desaparecidos, ocurridos en territorio veracruzano en los que la Comisión ha estado revisando los avances y resultados de las investigaciones y de la impartición de justicia, sólo en cinco casos se reporta un avance sustantivo, ya sea porque se detuvo y formalizó acusación en contra de algún probable responsable de la comisión de algún delito o se emitió sentencia condenatoria.

El análisis jurídico que realizó la Ceapp refiere que de los 12 homicidios registrados en Veracruz desde 2013 a la fecha, sólo en uno de ellos se ha obtenido una sentencia condenatoria: en este periodo, 92 por ciento de los asesinatos de periodistas están impunes.

"La calidad de las investigaciones dista mucho de garantizar el acceso a la justicia y prevalece un modelo de simulación. En casos como el del homicidio del periodista Moisés Sánchez Cerezo en el municipio de Medellín, si bien la Fiscalía logró, hasta el día de hoy, según la tesis de su propia investigación, la detención y el procesamiento de tres presuntos responsables de los hechos, el autor material del homicidio sigue libre y sin identificar, al igual que cuatro de sus cómplices y no se tiene pistas sobre el paradero del supuesto autor intelectual. Asimismo, la acusación contra dos supuestos implicados no prosperó al obtener amparos por falta de pruebas".

En el marco de la celebración de la libertad de expresión y la presentación de este informe, la presidenta de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas (Ceapp), Ana Laura Pérez Mendoza, advirtió que no hay avances en las investigaciones y que tanto la Fiscalía General del Estado (FGE) como el Poder Ejecutivo han sido omisos en su deber legal, este clima de impunidad contribuye a la inseguridad para ejercer el periodismo en Veracruz.