Política

Día de la libertad de expresión, dicen

junio 07, 2018

El artículo 19 de la Declaración Universal de Derechos Humanos asienta que todo individuo tiene derecho a la libertad de opinión y de expresión; este derecho incluye el de no ser molestado a causa de sus opiniones, el de investigar y recibir informaciones y opiniones, y el de difundirlas, sin limitación de fronteras, por cualquier medio de expresión.

La constitución incluye ese derecho, pero en Veracruz como en el resto del país los datos sugieren que la libertad de expresión es relativa y que las agresiones a periodistas generalmente tienen como origen a algún funcionario público de cualquier nivel: federal, estatal o municipal.

Durante el gobierno de Javier Duarte la situación del periodismo fue calamitosa; 17 periodistas asesinados en un período de gobierno, empezando con Regina Martínez.

En el actual gobierno, sólo durante el año pasado fueron asesinados cuatro periodistas más. Tres de ellos en Acayucan.

Durante seis años el oficio de informar fue severamente hostigado, no sólo por la cantidad de asesinatos cometidos sobre periodistas en el estado (17) sino por el ambiente generalizado de hostilidad, creado artificiosamente en contra del ejercicio de informar.

El cambio de gobierno no implicó necesariamente un cambio en la forma de hacer las cosas. Se ha encarcelado a varios ex funcionarios pero éste ha sido un cambio formal de tono, básicamente. La muerte de informadores continúa y las condiciones para el ejercicio del periodismo siguen siendo precarias. Esta no es una afirmación ligera, decir que las condiciones para el ejercicio de informar son precarias implica un amplio abanico de disfunciones que socaban el derecho de la sociedad a estar informada, no sólo la expectativa de vida del informador.

Los gobiernos están obligados a garantizar que la pluralidad y diversidad en la información y opinión; esto es, no sólo en la existencia formal sino garantizar que la sociedad tenga acceso a informaciones y opiniones diversas, ajenas a los intereses gubernamentales y críticas a éstos. La actual administración da muestras de dificultades para procesar las informaciones que le son simplemente ajenas, mucho más cuando los eventuales contenidos son críticos.

Los gobiernos autoritarios todos prefieren sociedades dóciles, maleables, que les permitan conseguir sus objetivos, sean políticos o patrimonialistas. Como éste surreal proceso electoral donde un padre tiene la intención manifiesta de heredar el poder y el puesto a su hijo.

Al margen de número fatal de colegas sacrificados, lo sustantivo en este día de la libertad de prensa es que las condiciones generales en las que se ejerce el periodismo en Veracruz siguen siendo básicamente las mismas: hostilidad y ahogo.

Los gobiernos están obligados a transparentar sus gastos de comunicación y publicidad, un aspecto sustantivo dada la desproporción en la liquidez de los medios como radio y televisión y la prensa escrita. Cuando los gobiernos son omisos en este aspecto, el costo se traslada a la sociedad en forma de desinformación y manipulación.

Los reflejos autoritarios calan. El gobierno del estado se ufana de que "todos los asesinatos" de periodistas habidos en esta administración han quedado resueltos. Es discutible. Han sido muertos cuatro periodistas, tres de ellos en Acayucan, al sur del estado, y uno en el centro. Pese a que el gobierno insista en que los tres periodistas del sur no eran tales sino trabajadores dedicados a otras cosas. Esto es impreciso e inaceptable. Si una persona dedica parte de su vida a informar los acontecimientos de su entorno y para ello se ayuda de los ingresos obtenidos en otro oficio, cosa normal e un México de salarios precarios, eso no demerita su oficio de periodista, le da dignidad.

Un buen principio que, además, es indiscutible para medir el compromiso con la democracia y una sociedad informada, es que el gobierno transparente sus gastos y criterios de publicidad en medios. Tanto locales como nacionales. Ese es un buen punto del dónde partir.