Política

Justicia a secas

junio 04, 2018

Durante semanas los partidos políticos del sistema, los importantes por el número de personas que convocan, han dedicado sus esfuerzos contrapropagandísticos a desgarrarse las vestiduras por la propuesta de Morena de declarar amnistía a los obligados a delinquir, sea por la amenazante presión del crimen o por la simple razón de la miseria.

La violencia en no pocos territorios ha expulsado a gran cantidad de productores agrícolas de todo tipo, ampliando significativamente los impactos sociales indeseados. El manejo que los aparatos propagandísticos de algunos medios de comunicación y que los candidatos del PRI y del PAN han dado a la proposición del candidato de Morena a la Presidencia ha sido deliberadamente imprecisos y apelando a los peores sentimientos que puede haber en la población, el sentimiento de la venganza.

Sobre ése discurso es que se han montado José Antonio Meade y Ricardo Anaya.

El asunto es simple, se trata de abrir el espacio para la reconciliación, no de perdonar criminales. La amnistía es un perdón decretado por el Estado para condenados a determinado tipo de delitos, los que con frecuencia son políticos pero que en este caso tienen que ver con condiciones de vida, alternativas viables y desesperación. Nada hay definido aún, pero es tiempo de sentarse a reflexionar y hablar al respecto. Lo sustantivo es que nada se puede hacer por encima de las normas internacionales en materia de derechos humanos. Dicho de otro modo, nadie que haya cometido delitos graves puede ser sujeto de amnistía. Lo contrario sería motivo de intervención de la Corte Penal Internacional.

El país debe ser pacificado para poder concentrarse en su reconstrucción, que es imperativo, toda vez que en más de una aspecto la crisis es punto menos que terminal.

Olga Sánchez Cordero, ex ministra de la SCJN que será secretaria de Gobernación en caso del triunfo de Morena, puntualiza que se trata de un proceso de justicia transicional.

Toda vez que se ha probado hasta la saciedad que las atrocidades masivas y los abusos sistemáticos destruyen las sociedades y su legado puede producir debilidad institucional, inestabilidad, politización y drenar a instituciones políticas como judiciales; toda vez que las violaciones de derechos han socavado la confianza de los ciudadanos en la capacidad del Estado para salvaguardar sus derechos y su seguridad. Queda clarísimo que insistir en los mismos caminos y decisiones es suicida. La justicia transicional es la forma más racional y sana de responder con legitimidad a tales violaciones de derechos por la magnitud que tienen y por la fragilidad social e institucional que propician.

Esto quiere decir que las instituciones tienen que reconfigurarse para poder recuperar la confianza en ellas. Esto es, la reconfiguración de las reglas del juego, que al fin y al cabo es eso lo que son las instituciones.