Política

Decidir no decidir

mayo 07, 2018

Los expertos en el campo de la psicología dicen que entre las formas de autodefensa frente a una realidad abrumadoramente adversa está la negación de ésa realidad. El autoengaño. Sea por debilidad psicológica o por imperativo coyuntural negar la realidad es signo de algún tipo de disfunción emocional que impide asir la realidad tal como es y procesarla para transformarla.

Negar la realidad tiene consecuencias en todas las edades pero son más evidentes en la vida adulta de cualquier hijo de vecina con un mínimo de responsabilidades, aún cuando éstas sean responsabilidades sólo con sí mismo. Pero negar la realidad cuando se es adulto y se está en la esfera de la toma de decisiones de gobierno tiene consecuencias mucho más amplias que la mera esfera personal. Afecta a millones.

Hace un mes la Procuraduría de Tlaxcala informó que tres jóvenes provenientes de Oaxaca habían desaparecido en territorio veracruzano. Desde el primer momento el gobernador negó rotundamente que los jóvenes hubieran desaparecido en la entidad que gobierna. Se estableció un diferendo explícito entre fiscalías estatales en el que la tlaxcalteca probaba que los oaxaqueños sí habían desaparecido en territorio veracruzano por las llamadas de telefonía celular de uno de ellos. Hace más de un mes de eso. Apenas ahora la Fiscalía General del Estado investigará el caso.

El gobernador se convirtió en el único obstáculo para que la desaparición empezara a investigarse desde el momento mismo de que se reportaron como desaparecidos. Esto, en el mejor de los casos, es obstrucción de la justicia. La fracción siete del artículo 400 del Código Penal Federal dice que es causa de prisión de tres meses a tres años a quien "desvíe u obstaculice la investigación del hecho delictivo de que se trate o favorezca que el inculpado se sustraiga a la acción de la justicia".

Afirma el gobernador que apenas le fue entregada al estado la solicitud de colaboración formal por parte de la FGE tlaxcalteca.

Si existía la denuncia previa, aún en el hipotético caso de que no hubiera denuncia de hechos formal, ¿no es obligación de las autoridades investigar el caso, precisamente por la premura que estos casos ameritan?

El no hacerlo ¿no equivale a negar a una familia el derecho de justicia?

¿No es esto una indeseada demonstración adicional del peligro y las consecuencias de cuando los tomadores de decisiones deciden, por miedo o cálculo político, no tomarlas? ¿No hay consecuencias?