Política

¡Verdad ¿y/o? Justicia!

abril 27, 2018

El desenlace del caso de la desaparición de los tres estudiantes de cine tapatíos la semana pasada es el más devastador recordatorio de la violencia persistente que se vive todos los días, desde hace una década, en prácticamente toda la geografía nacional. Tanto los acontecimientos más simbólicos de esta guerra (Villas de Salvárcar, Allende, San Fernando, el Casino Royale…) cuanto las estadísticas de incidencia delictiva revelan una sola verdad: el fracaso de la política de seguridad pública de los últimos dos gobiernos federales. Afortunadamente, en esta temporada electoral, parece haber consenso de todos los candidatos en torno al diagnóstico. Sin embargo, y como el primer debate presidencial del pasado 22 de abril lo mostró, la discusión se ha limitado a un pobrísimo intercambio de acusaciones en torno a la ambigua sugerencia de López Obrador de evaluar el otorgamiento de una "amnistía" – a campesinos orillados al cultivo de drogas y a consumidores ocasionales, dicen los voceros del candidato de Morena; a los capos del narcotráfico y sus pistoleros, dicen sus detractores.

Sea como fuere, estimo positivo que en la discusión pública hayan comenzado a circular términos relacionados con procesos de pacificación y de justicia transicional. Creo que ello conlleva un entendimiento adecuado del significado profundo de la llamada "guerra contra el narcotráfico", esto es, un fenómeno que va mucho más allá de una epidemia de criminalidad y que tiene que ver con una violencia que ha desgarrado profundamente tanto a la sociedad como al Estado mexicanos. Esto significa que, para salir de la violencia no basta únicamente con políticas públicas que logren disminuir drásticamente la incidencia de delitos, sino que serán necesarias iniciativas adicionales para promover la reconciliación nacional y, como sociedad, acordar cómo queremos lidiar con nuestro pasado inmediato y dar vuelta a esta página de nuestra historia.

Comenzar a hablar de paz es, sin duda, un importante paso hacia adelante. Al hacerlo, sin embargo, conviene no sucumbir ante un idealismo ingenuo ni rehuir a la toma de decisiones que, inevitablemente, dejarán insatisfechas incluso a algunas víctimas directas de la violencia. Pienso, por ejemplo, en la que suele ser una de las consignas más repetidas en cualquier manifestación por las desapariciones y asesinatos en la última década: ¡verdad y justicia! Es innegable que una auténtica reconciliación nacional se vuelve más verosímil en la medida que podamos asegurar tanto el conocimiento de la verdad (¿qué, cómo y por qué pasó lo que pasó en cada acto violento que cobró víctimas?) como la impartición de justicia (el castigo a los culpables y la reparación, cuando sea posible, a las víctimas). No obstante, la experiencia histórica de países que han transitado por procesos de justicia transicional sugiere que a menudo las sociedades deben sacrificar algún grado de verdad en aras de la obtención de justicia, o viceversa.

Analizando las experiencias de Argentina después de la dictadura del Proceso de Reorganización Nacional (1976-1983) y de la Sudáfrica post-apartheid, Claudia Hilb (en su libro Usos del pasado. Qué hacemos hoy con los setenta) describió cómo cada una de estas sociedades debió de tomar la funesta decisión de privilegiar una de estas demandas, en detrimento de la otra, para poder avanzar hacia la reconciliación. Mientras que Argentina dio más peso a la justicia – juzgar y encarcelar a los perpetradores de las atrocidades – Sudáfrica optó por una Comisión de la Verdad, más interesada en hacer que estos perpetradores revelaran a detalle la naturaleza de sus actos a cambio incluso de su absolución penal. El procesamiento penal de los criminales argentinos, si bien propició cierta justicia, no creó ningún incentivo para que éstos revelaran la información que conocían y así ayudar a responder las preguntas de qué fue lo que pasó y por qué. En contraste, la opción sudafricana logró construir un panorama más claro que respondiera estas preguntas, pero muchas veces a costa de que los criminales mantuvieran su libertad.

Al final, los dos casos revisados por Hilb tratan de situaciones de reconciliación después de conflictos en los que hay una clara distinción entre victimarios (oficiales del Estado) y victimarios (miembros de la sociedad). La "guerra contra el narcotráfico" mexicana, en contraste, incluye a toda una serie de actores – estatales y no estatales – cuyas fronteras son difíciles de trazar. Naturalmente, ello conllevará una serie de dificultades adicionales al momento de decidir qué mecanismos de justicia transicional habremos de construir y cuáles serán sus prioridades. Cuando llegue el momento, habrá que tener la madurez como sociedad para aceptar que una demanda – verdad y justicia – bien podría tornarse en una dicotomía – verdad o justicia.

Twitter: @jesevillam