Política

Refundación

abril 15, 2018

El germen del fracaso del Estado mexicano muy probablemente depende más del pasmo de los gobernados que de las probadas compulsiones patrimonialistas e incompetencias de los gobernantes. Que no son pocas.

Si hay algo que los últimos 12 años exhibe el fracaso de la gestión de los gobernantes en los últimos 12 años, esto es la brutal abundancia de desapariciones forzadas y la absoluta incapacidad de las autoridades para atender a las víctimas nacionales y centroamericanas.

La explosión de migración y violencia sistémicas que padece el país y la región desde hace más de una década son el resultado directo de una aproximación y decisiones completamente equivocadas para atender el problema.

Con un demagogo autoritario en el gobierno que con cada vez mayor frecuencia y claridad evoca la construcción del terror como variable de control, Veracruz y el país revelan que sus gobiernos son deficitarios para las tareas de contener y reencauzar las ocurrencias de presidente norteamericano. Más allá de la debilidad institucional, esto obedece al perfil de la generación de gobernantes que se apropió de los mecanismos de acción y gestión políticas desde hace ya varias décadas. Para desmantelar la fábrica nacional como han hecho, primero tuvieron que minar y luego disolver los acuerdos corporativos sobre los que se construyó el Estado mexicano post revolucionario. Hacerlo implicó minar también la urdimbre de la cohesión social. Los gobernados podrán haber sido mareados por un discurso de la modernidad en contra de los modelos del pasado, pero sucede que es ése condenable pasado el que construyó el encaje institucional que caracterizó al Estado mexicano como uno de bienestar.

Ante la notoria incompetencia federal, las organizaciones ciudadanas piden a la Conferencia de Gobernadores a que éstos asuman responsabilidad en el caso de sus desaparecidos.

El asunto es en absoluto menor. Desnuda inmisericorde la frágil funcionalidad que aún queda en las administraciones de gobierno.

Este régimen no tiene remedio. Es necesario cambiarlo y reconfigurar el encaje institucional. Un nuevo pacto legitimador.