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Supresión de la protección a ríos Actopan y La Antigua, con vacíos legales, dice Cemda

abril 11, 2018

El Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C. (Cemda) pide que el decreto que quitará la veda a los ríos La Antigua y Actopan delimiten la declaratoria de utilidad pública y recomienda realizar el diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos, actualización de la consulta pública y los estudios técnicos antes de quitar los decretos de veda y elevar el nivel de la MIR a alto impacto, así como hacer un análisis económico detallado de las actividades económicas de la región, incluyendo las externalidades que pueden derivar de la aprobación de esta determinación.

Al emitir sus consideraciones sobre el decreto de Enrique Peña Nieto, el Cemda señaló que los artículos 38 a 43 de la Ley de Aguas Nacionales (LAN) determinan las reglas para establecer, modificar o suprimir zonas reglamentadas, de veda o de reserva. Específicamente el Artículo 40 señala que: "los decretos por los que se establezcan, modifiquen o supriman zonas de veda contendrán la ubicación y delimitación de la misma, así como sus consecuencias o modalidades".

El decreto de veda correspondiente deberá señalar: "la declaratoria de utilidad pública; las características de la veda, de su modificación o de su supresión; las consecuencias previstas al instrumentar la veda; la ubicación y delimitación de la zona de veda; la descripción del ecosistema hídrico o ecosistemas afectados; el diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos, el volumen disponible de agua y su distribución territorial, así como los volúmenes de extracción, recarga y de escurrimiento; las bases y disposiciones que deberá adoptar ‘la autoridad del agua’, relativas a la forma, condiciones y, en su caso, limitaciones, en relación con las extracciones o descargas en forma temporal o definitiva.

"Así como la expedición de normas que regulen los aprovechamientos y descargas, en relación con la fracción anterior, incluyendo el levantamiento y actualización de padrones; los volúmenes de extracción a que se refieren las dos fracciones anteriores, y la temporalidad en que estará vigente la veda, reserva de agua o zona reglamentada, la cual puede prorrogarse de subsistir los supuestos de los Artículos 38 y 39 de la presente Ley. Respecto de lo anterior, en el caso del decreto que nos ocupa se omitieron incluir dentro del mismo, lo respectivo a las fracciones V y VII del artículo 40 de la LAN.

"El decreto carece tanto de la descripción del ecosistema hídrico o ecosistemas afectados, como de un diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos, la Manifestación de Impacto Regulatorio (MIR) para este decreto está catalogada como de Impacto Moderado. En consideración de este Centro, el impacto debería ser catalogado como de Alto Impacto debido a la cantidad de población afectada, los procesos económicos relacionados, la frecuencia con que es utilizada el agua, las unidades económicas sujetas a la regulación, la frecuencia con que los sujetos regulados deben cumplir con la regulación y las actividades económicas que afecta la regulación. Recordemos que la MIR es una herramienta de política pública que tiene por objeto garantizar que los beneficios de las regulaciones sean superiores a sus costos y el cálculo del nivel de impacto debe observar los criterios de la Calculadora de Impacto de la Regulación del Manual de la Manifestación de Impacto Regulatorio publicada en el DOF el 26 de julio de 2010. Cabe resaltar que la población afectada por este Decreto sobrepasa el millón y medio de personas según los propios estudios publicados en el DOF (03/01/2012): la Cuenca Hidrológica del Río Antigua cuenta con 931 mil habitantes y la Cuenca Hidrológica del río Actopan con 665 mil 824 habitantes –con datos del año 2000.

Tratándose de un recurso tan vital como lo es el agua, la frecuencia de uso, unidades y actividades económicas afectadas son muy altas y variadas, lo que merece una evaluación de impacto regulatorio minucioso y exhaustivo, la vigencia establecida en el decreto para las zonas de reserva y reglamentada es de 50 años. Dicha vigencia, considerando que puede además prorrogarse por un periodo igual al establecido, se considera excesiva tomando en cuenta el crecimiento poblacional y la variación esperada en los caudales. Como un ejemplo podemos señal que para otras zonas reglamentadas en el país la duración máxima no excede los 30 años, como es el caso del acuífero de Cuatrociénegas –publicado en el DOF el 02/09/2013–. Otra cuestión relevante es la que determina el Artículo 10 de este decreto que suprime las vedas en cuestión, el cual a la letra dice: "la Comisión Nacional del Agua emitirá los lineamientos y demás disposiciones a que se sujetará la explotación, uso o aprovechamiento de las aguas nacionales que se ubiquen dentro de la zona reglamentada, así como las relativas al levantamiento y actualización de los padrones de usuarios correspondientes, mismos que estarán a disposición del público en general en las oficinas de la misma Comisión". Esta redacción resulta ambigua, sostiene el Cemda, y puede conducir a un estado de indefensión pues no se determinan cuáles deberán ser los lineamientos para reglamentar los usos del agua, ni se especifica con exactitud cuándo deberán ser emitidos. Al no ser determinados dichos lineamientos ni su temporalidad para ser expedidos se crea un vacío de Lly que puede ser aprovechado en sentido negativo por diversos actores provocando menoscabos ambientales, sociales y económicos.

Ante los aspecto señalados, el Centro Mexicano de Derecho Ambiental A.C., recomienda establecer los lineamientos y reglas para determinar los usos del agua y el plazo máximo para su expedición, reducir la duración de la vigencia de la zona reglamentada a 30 años, realizar el diagnóstico de los daños sufridos en los ecosistemas hídricos, previo a la publicación del decreto. Se recomienda la actualización de la consulta pública y los estudios técnicos antes de quitar los decretos de veda, elevar el nivel de la MIR a alto impacto y hacer un análisis económico detallado de las actividades económicas de la región, incluyendo las externalidades que pueden derivar de la aprobación de este decreto.