Política

Maldición de Malinche

abril 11, 2018

La impronta patrimonialista cala hondo. Sea por las evidencias en torno a los megaproyectos o por deseos dinásticos, el patrimonialismo de las élites del régimen es palmario. De ahí el recurso, al parecer, de "tirar" los servicios digitales de transparencia y rendición de cuentas. Primero, hace unos días, del gobierno estatal; ayer, de la administración municipal de Boca del Río, como se describe en la nota de Jair García en la página 3 de esta edición.

Tal compulsión por la opacidad es algo ampliamente compartido en el sistema por sus líderes. Los hay quienes dirían que eso es sabido y consubstancial al régimen y es verdad. El matiz lo pone el volumen, que es monumental.

Quienes solicitan información de los movimientos y decisiones de gasto de los gobiernos suelen topar con la respuesta de que la información no se puede proporcionar porque los datos "son inexistentes" o han sido clasificados como secretos.

A pesar de los avances en transparencia de información pública, persisten los reflejos que instrumentan altos grado de opacidad o incluso francas simulaciones del actuar público. La consecuencia es que hace más difícil el combate a la corrupción, en el mejor de los casos, porque en el resto se simula. Estados y municipios son los que más resisten la apertura a la transparencia y rendición de cuentas. Sobran ejemplos de eso en este estado.

El que el presidente Peña Nieto levante unilateralmente la veda de los ríos de la cuenca del Actopan para la construcción de presas que, desde luego, serán concesionadas a empresas extranjeras entre las que ya tenemos a Odebrecht a la vera del río Pescados. OHL tiene varios proyectos de represas en diversos afluentes del estado, por lo que pueden darse por descontados grandes espacios de corrupción y opacidad entre el actual gobierno federal, el gobierno español encabezado por el ultraconservador Rajoy y OHL, empresa que tiene varias concesiones pendientes entre represas y minería.

Desde el año pasado se temía algo parecido a lo hecho por el gobierno federal.

Tanto autoridades como empresarios en el caso de las represas en Veracruz conspiran en contra del interés público. Está visto que querrán cerrar el sexenio a punta de zarpazos de sátrapa.