Política

Lula da Silva, víctima de la injusticia y tiranía judicial

abril 10, 2018

El ex presidente Lula da Silva ha preferido sufrir la injusticia a poner en duda honorabilidad de político que luchó por que más de 40 millones de brasileños salieran de la miseria, es decir, que los hijos de los trabajadores tuvieran justicia social y que sorprendió al mundo, que vio en Brasil a una auténtica potencia después de sufrir varios regímenes autoritarios.

La criminalidad contra la sociedad, orquestada por una oligarquía que se empoderó del país, se niega a morir y se evidencia cuando, en una etapa de crisis, se corrompe todo y a todos, con tal de no perder los privilegios, y surge una tiranía judicial en que un fiscal y un juez, fundados en "convicciones" –la subjetividad más absurda– se lleva a condenar al ex presidente a 12 años de prisión sin que exista ningún dato de prueba, medio de prueba o prueba alguna que lo involucre, sin embargo, se llega a ese absurdo.

Así las cosas, en tanto el ex presidente Lula, en una actitud por demás digna, apura la cicuta –antes de verse humillado y se entrega al juez que lo condenó– para que le demuestre que tiene alguna responsabilidad en actos de corrupción, o de lo contrario, se le absuelva, pero, entretanto, no podrá contender para ser el próximo presidente de ese país y evitar que se consolide la corrupción comprobada del presidente Michel Temer, para que Brasil no logre su transformación social, aquí en nuestro país las cosas funcionan de otra manera.

Es cierto que en Brasil existe el principio de presunción de inocencia y debido proceso, sin embargo, los integrantes de la Suprema Corte de Justicia que negaron el amparo, sobre todo la presidenta que decidió sobre el amparo, cambió su forma de votar, pues el precedente era en ese sentido, es decir, nadie puede ser sentenciado si no se han satisfecho los requisitos que consolidan a los sistemas jurídicos democrático, pero en el caso, los intereses creados pudieron más en la conciencia de los togados.

Pues en tanto en Brasil se produce esta aberración jurídica en que se condena a una persona sin ninguna prueba, en México, la Secretaría de la Función Pública, que cuida de la corrupción, desecha las 64 quejas que la Auditoría Superior de la Federación integró por un desvío de 2 mil millones de pesos que la Secretaría de Desarrollo Social (Sedesol) a cargo de Rosario Robles y en donde existe, o se presume complicidad por omisión, al candidato de Peña Nieto a la presidencia de la república, José Antonio Meade.

Hay que destacar que la titular de la Contraloría de la Federación Arely Gómez fue procuradora general de la República y es la misma que, cuando Miguel Ángel Yunes, ahora gobernador de Veracruz, iba a tomar posesión como diputado federal solicitó que le entregaran una constancia de que no existía ninguna imputación en su contra –por aquello que el ex dirigente panista, de apellido Espino–, había presentado una denuncia, debidamente documentada en su contra, por enriquecimiento inexplicable, y no se le había dado curso, como tampoco se dio curso a las denuncias de la ASF que presentó en su tiempo contra Javier Duarte, por un desvío de cientos de millones de pesos, y que, no fue hasta que el ahora gobernador veracruzano amenazó que cimbraría al país, cuando el procurador Cervantes Andrade aceleró las denuncias y turnó la carpeta y ofreció millones de recompensa por la captura del hoy preso en la Ciudad de México.

En ese orden de ideas, Arely Gómez, que tampoco dio curso a las denuncias contra Duarte –es empleada del presidente Peña Nieto y su actitud es congruente–, por eso, sobre las 64 quejas contra funcionarios desechadas, obedece a que se le dio la instrucción de actuar en esa forma, como ha acontecido con las cientos de denuncias contra funcionarios federales y estatales, en que se demuestra palmariamente que la justicia es meramente selectiva y cada día está más que demostrado, por ello, nuestro país se ubica como uno de los más corruptos e impunes del mundo, mérito bien ganado y no disputado.

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