Política

Convulsos y heréticos

abril 10, 2018

Los colectivos ciudadanos abocados a la búsqueda de personas desaparecidas muestran un sano –y prudente– escepticismo respecto al enjuiciamiento que se sigue a ex funcionarios de seguridad pública por el delito de desaparición forzada. No sin razón si nos atenemos a que ayer, la jueza Mónica Segovia Jácome prohibió el paso de la prensa a la audiencia de dos ex funcionarios de la Fiscalía que son acusados de desaparición forzada. Excepto por prejuicios o intolerancia, no se explica el impedir que la ciudadanía sea informada sobre los pormenores de un juicio público en el que los procesados son acusados de un delito dolorosamente común en los últimos años en el estado de Veracruz.

A un pequeño grupo de familiares se les permitió el acceso, y a la prensa no. Habría que preguntar a la jueza qué es lo que entiende por juicio público en el sistema penal acusatorio que ahora rige. Aunque habría que ver también las condiciones del lugar donde se celebra.

En cualquier caso, es la segunda vez que la jueza decide impedir el paso a los informadores y eso es, llanamente, impedir que el público se entere de lo que pasa con dos sospechosos de haber lastimado repetidamente a la sociedad que paga sus salarios.

El público se merece explicaciones, y los argumentos de autoridad nunca son suficientes cuando la demanda es un imperativo legítimo.

Ha sido más de una década de opacidad desbordada en la que se han desmantelado aún más las de por sí débiles estructuras institucionales. Que haya aún servicios básicos, y la presencia física de administradores y la fuerza del Estado para dar la impresión de normalidad no necesariamente significa que se vive la normalidad. A menos que la crisis de la capacidad de gobernar deba ser considerada ya como la norma de este sistema. Que bien podría ser el caso, por lo demás.