Política

Issste, IMSS, CFE y otros, corrupción e impunidad lacerante

abril 07, 2018

Sin duda que el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, tiene bien medido el sistema gubernamental que existe en México, pues por un lado existen autoridades legítimamente constituidas y apoyadas en las estructuras legales e institucional, que actúan en la formalidad y son las responsables del empoderamiento de la extrema corrupción e impunidad y, por el otro, la existencia de la delincuencia organizada que actúa en la informalidad, y ello conduce a un estado fallido, consecuencia de lo anterior.

No son casuales las distintas condenas que gravitan contra el Estado mexicano –ante la debilidad de sus instituciones– por las sistemáticas violaciones a los derechos humanos, pues así lo han hecho público tanto la Organización de las Naciones Unidas como la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos de la OEA, lo que se acredita con los crímenes de Ayotzinapa, Tanhuato, Michoacán; Tlatlaya, en el estado de México, y en Nochixtlán, Oaxaca, sin que exista castigo para los responsables, lo que evidencia una ostensible complicidad.

Si la criminalidad ha crecido de manera exponencial es sobre todo porque no existen consecuencias, pues los encargados de perseguir los delitos están involucrados en la delincuencia, y la reciente charla del obispo de Chilpancingo con un grupo delincuencial para que permitan que el proceso electoral se lleve en paz apunta, sobre todo, a que el gobierno respete el voto libre y secreto y que los políticos cumplan lo que ofrecen, es decir, la contienda está condicionada a que la honestidad prevalezca, lo que no será fácil pues a doce años de los crímenes cometidos por Ulises Ruiz en Oaxaca, y Calderón en el país, donde más de treinta personas fueron asesinadas, es considerada una guerra de baja y mediana intensidad, para contener la protesta social, por lo mismo está en el camino de la Corte Penal Internacional por crimines de lesa humanidad, con el exgobernador y expresidente, en tanto la esposa de éste, Margarita Zavala de Calderón, buscará ser presidente del país.

Por su lado, el secretario de Gobernación habla de que la aplicación de la ley no se negocia y que no se contempla el perdón y el olvido, sin embargo, sí se perdona a quienes desde el gobierno aplican los recursos públicos para su beneficio o constituyen empresas fantasmas o estafas maestras, en la que está señalado el candidato de Peña Nieto, José Antonio Meade y la secretaria de Sedatu, Rosario Robles, es decir, el perdón sí existe para los que desde el gobierno se enriquezcan o expolien a los ciudadanos, en tanto que para los delincuentes, que están en la informalidad gubernamental, todo el peso de la ley, pero sólo en el imaginario, pues la criminalidad se multiplica, o como expresa Trump: "es un desgobierno".

Ese desgobierno se visualiza con los recientes descubrimientos de inversiones en bancos extranjeros de la familia Moreira, y con el reciente estudio que el Instituto Mexicano de la Competitividad ha hecho público –con base en análisis serios y profundos sobre la forma en se procesan las licitaciones del gobierno de la República–, donde en sólo tres de las empresas de mayor relevancia nacional, se sospecha de un índice de corrupción e impunidad que raya en que el 70 por ciento de la obra contratada, esto es, los contratos de obra o de servicios que Meade afirma que no son revisables y que deben respetarse, viven y vivirán en la opacidad y oscuridad más ominosa porque se atenta contra la seguridad jurídica, lo que habla mucho de la impunidad y corrupción que se quiere ocultar si se diera el caso que ganara la elección, esto es, peor que más de lo mismo.

En las instituciones que nacieron para el servicio de los trabajadores y del país como el Instituto de Seguridad Social al Servicio de los Trabajadores del Estado (ISSSTE), creado por el presidente Cárdenas; como el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), creado por Ávila Camacho; así como la Comisión Federal de Electricidad (CFE), el 70 por ciento de los contratos no son licitados, y cada cambio de gobierno sólo permanecen el 22 por ciento, es decir, todos los restantes no pasan por licitaciones públicas sino que son producto de adjudicación directa.

Todo lo narrado, acredita o da la sospecha de manera fundada que quienes han ocupado las direcciones de esas dependencias –por designación directa del Presidente– tienen mucho que explicar o justificar, si se da el caso de que se haga una revisión profunda; entre ellos: Miguel Ángel Yunes, gobernador de Veracruz, que fue nombrado por Fox a petición de la maestra Elba Esther Gordillo en el ISSSTE; Mikel Arriola, candidato del PRI a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, en el IMSS; o bien el señor Reza, presidente del Partido Revolucionario Institucional, quien, por el año de haber ocupado el cargo de la CFE, sin ningún rubor se adjudicó una liquidación de cerca de dos millones de pesos.

Si así se documenta en esta investigación la forma en que se entregan los contratos sin licitación alguna, no quiero imaginarme lo que se encontrará cuando se revise la inversión que se hace con el aeropuerto de la Ciudad de México y sus contratos, o bien, con el desmantelamiento de la industria petrolera, pero esto pronto tendrá que conocerse porque no se aguanta más corrupción ni impunidad.